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La fiscal Pilar Rodríguez y el fiscal general enfrentan acusaciones de filtraciones en medio de la crisis de corrupción del Gobierno
La defensa de Rodríguez argumenta falta de pruebas, mientras la Fiscalía se encuentra en una posición complicada ante el juicio sobre los hechos.
La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesarla por la presunta filtración de información relacionada con Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez alega falta de base indiciaria para las acusaciones y sostiene que su implicación fue mínima, sugiriendo ser víctima de una interpretación errónea de su rol.<br> El magistrado Hurtado ha determinado que no es necesario solicitar nuevas diligencias en esta fase y ha rechazado las peticiones de la Fiscalía por considerarlas infundadas. <strong>Recientemente, la Abogacía del Estado ha solicitado la revocación de esta decisión, argumentando que los inducidos de culpabilidad contra García Ortiz son infundados y basados en inferencias erróneas.</strong> En esta difícil situación, la Fiscalía se encuentra bajo presión por acusaciones de mala fe procesal. A la par, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señala incertidumbres sobre si más miembros del ejecutivo estarán implicados en la red de corrupción, contribuyendo a un ambiente de desconfianza en el Gobierno.<br> Las filtraciones han suscitado cuestionamientos sobre la integridad de las instituciones, aunque no hay pruebas directas que vinculen a esta con la Fiscalía. <strong>En la apelación, la defensa de Rodríguez enfatiza que las supuestas pruebas contra ella son insuficientes y que las revelaciones de la cita del 12 de marzo deberían haber sido precedidas por la divulgación de información por terceros, lo que limita su responsabilidad.</strong><br> Con el escenario político tensado por la corrupción, la capacidad del Gobierno para manejar esta crisis está bajo el escrutinio público y mediático. A raíz de estos acontecimientos, <strong>la acusación popular 'Manos Limpias' ha solicitado una condena de cuatro años de cárcel para el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y ha comenzado a incluir declaraciones de testigos relevantes, como el ministro Óscar López y otros funcionarios de la administración. García Ortiz ha recurrido su procesamiento, alegando que no hay pruebas concretas que sustenten las acusaciones en su contra.</strong>
12 fuentes consultadas• 17 jun, 16:42
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