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El juicio por el asalto xenófobo a un centro de menores en El Masnou se celebrará en 2027, generando preocupaciones por las dilaciones judiciales
Los acusados, incluyendo al dirigente de Vox Jordi de la Fuente, podrían beneficiarse de una posible rebaja de penas debido a la larga espera por el juicio.
Publicado: 17 de junio de 2025, 19:53
En un giro que ha generado gran preocupación, el juicio al dirigente de Vox, Jordi de la Fuente, por su presunta participación en un asalto xenófobo a un centro de menores en El Masnou, se llevará a cabo el próximo 6 de julio de 2027, ocho años después de los hechos ocurridos el 4 de julio de 2019. La situación ha sido calificada de "dejadez" por la organización antirrepresiva Alerta Solidària, que denuncia las implicaciones de esta tardanza en el proceso judicial.
El caso ha permanecido en un limbo legal debido a una disputa entre la Fiscalía y la Audiencia de Barcelona sobre la competencia para juzgar delitos de odio. En este contexto, el juzgado de lo penal de Mataró se encargará finalmente de este juicio. La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y dos meses de prisión para De la Fuente y 5 años de inhabilitación para cualquier cargo público por incitar al odio durante el asalto, que dejó un saldo de varios heridos, incluidos menores. Este retraso podría significar que los acusados se beneficien de una atenuante de dilaciones indebidas, lo que implica una posible reducción de las penas en caso de condena.
Además, se ha revelado que otros seis individuos están implicados en el juicio, y la Fiscalía ha demandado penas de cárcel que van desde los dos a los cuatro años. La organización Alerta Solidària, que representa a algunos de los manifestantes que defendieron el centro de menores, ha denunciado el sesgo del sistema judicial y su lentitud, que permite que los acusados presenten un argumento favorable al reclamar que la causa no ha sido llevada a juicio en un tiempo razonable.
El caso ha permanecido en un limbo legal debido a una disputa entre la Fiscalía y la Audiencia de Barcelona sobre la competencia para juzgar delitos de odio. En este contexto, el juzgado de lo penal de Mataró se encargará finalmente de este juicio. La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y dos meses de prisión para De la Fuente y 5 años de inhabilitación para cualquier cargo público por incitar al odio durante el asalto, que dejó un saldo de varios heridos, incluidos menores. Este retraso podría significar que los acusados se beneficien de una atenuante de dilaciones indebidas, lo que implica una posible reducción de las penas en caso de condena.
Además, se ha revelado que otros seis individuos están implicados en el juicio, y la Fiscalía ha demandado penas de cárcel que van desde los dos a los cuatro años. La organización Alerta Solidària, que representa a algunos de los manifestantes que defendieron el centro de menores, ha denunciado el sesgo del sistema judicial y su lentitud, que permite que los acusados presenten un argumento favorable al reclamar que la causa no ha sido llevada a juicio en un tiempo razonable.