La Audiencia Nacional imputa al presidente de Sidenor por complicidad en genocidio por vender acero a Israel para fabricación de armas
El juez Francisco de Jorge investiga a José Antonio Jainaga y otros dos directivos por posibles delitos de contrabando y lesa humanidad.
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación hacia José Antonio Jainaga Gómez, presidente de Sidenor, y otros dos directivos, por la presunta venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), un fabricante de armamento. El juez Francisco de Jorge investiga si estas acciones constituyen contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio.<br><br>La investigación fue impulsada por una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa. Se estima que los directivos habrían actuado con conocimiento explícito de que el acero vendido se utilizaría para propósitos militares, sin la debida autorización gubernamental, un requisito que no fue cumplido. Los tres imputados están citados a declarar ante el juez el 12 de noviembre, en un contexto de violaciones graves de derechos humanos en Gaza, lo que podría influir en las calificaciones penales.<br><br>El juez ha decidido no imputar como persona jurídica a Sidenor, ya que los trabajadores denunciaron el caso. En un comunicado oficial, Sidenor ha asegurado que seguirá las indicaciones de sus abogados para responder al juez en el proceso iniciado, aportando toda la información pertinente. La compañía ha reiterado su compromiso de suspender todas las relaciones comerciales con Israel, una decisión que fue anunciada públicamente el pasado 1 de julio, tras la presión de sindicatos y entidades de derechos humanos.<br><br><strong>Además, se ha levantado el secreto de las actuaciones, permitiendo el acceso a los detalles de la investigación</strong>. En este contexto, las acciones de Sidenor han sido examinadas con relación a la normativa sobre contrabando y las implicaciones de sus transacciones en el contexto de los conflictos en Gaza, donde se ha criticado ampliamente el papel de las industrias armamentísticas en la prolongación de la violencia. Según se detalla en la resolución judicial, <strong>todas las transacciones se habrían realizado con pleno conocimiento de que se trataba de un fabricante de armas.</strong> Las implicaciones legales podrían extenderse a la mercantil Clerbil, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa. Sin embargo, el magistrado ha resaltado el papel activo de los trabajadores en la denuncia de estos hechos, lo que ha llevado a excluir a Sidenor como entidad jurídica imputada.</strong><br><br>Las denuncias de organizaciones de derechos humanos han tomado un nuevo impulso, ya que muchos consideran que este caso es un precedente importante en la lucha contra la impunidad de las corporaciones involucradas en conflictos bélicos. La Asociación Comunitat Palestina de Catalunya ha celebrado la decisión del juez, describiéndola como un "hito muy relevante" en la búsqueda de justicia.<br><br>El magistrado también considera que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público, respaldando así la gravedad de las imputaciones y la necesidad de actuar contra quienes se lucran con la violencia y el sufrimiento humano. El impacto de este caso podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito empresarial como en la política exterior española.