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Desarticulada red de fraude en Tarragona que abandonaba menores para que el Estado asuma su tutela y facilite ayudas
La operación ha llevado a la detención de 30 personas y a la identificación de un fraude de más de 1,58 millones de euros.
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en Tarragona que ha desarticulado una red de fraude relacionada con el sistema de protección de menores, resultando en la detención de 30 personas. La investigación, que se inició en noviembre de 2023, se centró en familias que traían a sus hijos a España con visados de turismo tipo C. Una vez en el país, estos menores eran abandonados intencionadamente cerca de comisarías y centros de menores, bajo instrucciones de sus progenitores, quienes se declaraban en situación de desamparo para activar el sistema de protección estatal. El propósito del fraude era que las instituciones públicas asumieran los costes de manutención, educación y atención sanitaria de los menores, así como facilitar una futura reunificación familiar y obtener permisos de residencia para los menores. Durante la operación, la Policía identificó dos tipos de familias implicadas en este esquema fraudulento. El primer grupo consistía en familias con un poder adquisitivo medio-alto que, tras abandonar a sus hijos, regresaban a su país, manteniendo visitas periódicas a los centros de menores. El segundo grupo incluía a padres con menor capacidad económica que permanecían en España, manteniendo contacto telefónico con sus hijos. <strong>Hasta el momento, se han detectado 124 expedientes de menores en centros de protección que podrían estar relacionados con este tipo de fraude. De estos, 109 han sido analizados, resultando en un fraude por un valor estimado de 1.589.747 euros a la Seguridad Social. Además, 22 menores han sido devueltos a sus padres tras la verificación de su situación.</strong> <strong>Investigaciones más recientes han indicado que la red operaba desde hace casi dos años y que ha sido considerada una de las más grandes y complejas jamás vistas en España en cuanto a fraudes al sistema de protección de menores migrantes no acompañados. La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, ha declarado que el delito se considera abandono, ya que se ha comprobado que estas familias sí podían hacerse cargo de sus hijos. La investigación, denominada operación AME, sigue abierta, y se está cuantificando todos los gastos incurridos por la administración pública durante el tiempo que los menores estuvieron bajo tutela estatal. La implicación de estas familias en la estafa económica es significativa, con alegaciones de que incluso instruían a sus hijos para engañar a los servicios sociales.</strong> Como consecuencia de esta operación, los detenidos enfrentan acusaciones de abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración pública.
8 fuentes consultadas• 23 oct, 12:14
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