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La central nuclear de Almaraz enfrenta su cierre inminente, con repercusiones económicas para la región de Extremadura
La Junta de Extremadura propone disminuir la ecotasa mientras los municipios cercanos temen una crisis económica si la planta cierra.
Publicado: 24 de octubre de 2025, 12:16
La central nuclear de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, se encuentra en una encrucijada con su cierre programado inicialmente para noviembre de 2027 y octubre de 2028. Recientemente, Iberdrola, Endesa y Naturgy comunicaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica su "disposición" para ampliar la vida útil de la central, intentando evitar el cierre. Este asunto ha suscitado un amplio debate entre las autoridades locales y el Gobierno español, especialmente en el contexto de la energía nuclear y su futuro en la matriz energética del país. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha propuesto la reducción de la ecotasa por valor de 15,4 millones de euros, condicionada a la operatividad de la central, destacando la necesidad de un trato justo hacia las regiones productoras de energía.
Los municipios alrededor de Almaraz, que ofrecen la renta media más alta de Extremadura, temen que el cierre de la planta lleve a un colapso económico local. Se estima que se perderían más de 2.100 empleos directos e inducidos, y muchos negocios locales dependen de la central. A pesar de la carta enviada por las eléctricas, el Gobierno ha reiterado que no se ha modificado su posición respecto al cierre y que cualquier solicitud futura debe cumplir con tres condiciones: garantizar la seguridad radiológica, no generar costos adicionales para los ciudadanos y ser conveniente para la seguridad del suministro.
Iberdrola, Endesa y Naturgy están buscando una extensión de su vida operativa, destacando los impactos negativos del cierre en la economía local, que ha evitado la emisión de seis millones de toneladas de CO₂ al año y mantenido más de 3.000 empleos directos. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, mencionó que el cierre de Almaraz no tiene justificación técnica ni medioambiental y que la central debería seguir operando hasta al menos 2030, como respuesta a la creciente necesidad del sistema eléctrico nacional tras el apagón del 28 de abril.
Extremadura demanda una revisión de la política energética nacional que garantice su producción y propicie un equilibrio entre la energía nuclear y las energías renovables, resaltando la diversidad de intereses y el desafío de encontrar soluciones justas para todos los actores involucrados. Además, de no conseguir la ampliación, la comunidad local enfrentaría no solo la pérdida de empleos sino también un notable descenso en los niveles de renta, ya que, según informes, el cierre de la central podría representar una pérdida de hasta 124 millones de euros al año en valor añadido bruto en la economía local y un éxodo laboral significativo que afectaría gravemente el tejido empresarial de la zona.
Los municipios alrededor de Almaraz, que ofrecen la renta media más alta de Extremadura, temen que el cierre de la planta lleve a un colapso económico local. Se estima que se perderían más de 2.100 empleos directos e inducidos, y muchos negocios locales dependen de la central. A pesar de la carta enviada por las eléctricas, el Gobierno ha reiterado que no se ha modificado su posición respecto al cierre y que cualquier solicitud futura debe cumplir con tres condiciones: garantizar la seguridad radiológica, no generar costos adicionales para los ciudadanos y ser conveniente para la seguridad del suministro.
Iberdrola, Endesa y Naturgy están buscando una extensión de su vida operativa, destacando los impactos negativos del cierre en la economía local, que ha evitado la emisión de seis millones de toneladas de CO₂ al año y mantenido más de 3.000 empleos directos. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, mencionó que el cierre de Almaraz no tiene justificación técnica ni medioambiental y que la central debería seguir operando hasta al menos 2030, como respuesta a la creciente necesidad del sistema eléctrico nacional tras el apagón del 28 de abril.
Extremadura demanda una revisión de la política energética nacional que garantice su producción y propicie un equilibrio entre la energía nuclear y las energías renovables, resaltando la diversidad de intereses y el desafío de encontrar soluciones justas para todos los actores involucrados. Además, de no conseguir la ampliación, la comunidad local enfrentaría no solo la pérdida de empleos sino también un notable descenso en los niveles de renta, ya que, según informes, el cierre de la central podría representar una pérdida de hasta 124 millones de euros al año en valor añadido bruto en la economía local y un éxodo laboral significativo que afectaría gravemente el tejido empresarial de la zona.