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Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por fallos en la investigación de violaciones por sumisión química
La falta de una investigación efectiva y la pérdida de pruebas críticas generan una condena histórica que destaca el derecho de las víctimas a una justicia adecuada.
Publicado: 23 de octubre de 2025, 19:22
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido una sentencia histórica al condenar a España por no llevar a cabo una investigación 'eficaz' en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación por sumisión química en diciembre de 2016 en Pamplona. La sentencia destaca que la obligación del Estado en estos escenarios críticos es asegurar la preservación de la evidencia, una tarea que no se cumplió en este caso, debido a la pérdida y manipulaciones de pruebas bajo custodia policial.
El tribunal criticó la ausencia de garantías suficientes de independencia en la investigación, especialmente por la relación entre uno de los investigados y un agente de la Policía Nacional asignado al caso. A pesar de que las mujeres alegaron ser víctimas, los juzgados españoles concluyeron que no había pruebas suficientes para establecer que las relaciones sexuales no fueron consensuadas. El TEDH ordena al Estado español compensar a cada una de las demandantes con 20.000 euros por daño moral y cubrir 5.000 euros en costas judiciales.
Este fallo subraya la necesidad de una investigación adecuada en casos de agresión sexual y plantea cuestiones sobre la rendición de cuentas en el sistema judicial español, reflejando la importancia de garantizar los derechos de las víctimas en estos procesos.
El tribunal criticó la ausencia de garantías suficientes de independencia en la investigación, especialmente por la relación entre uno de los investigados y un agente de la Policía Nacional asignado al caso. A pesar de que las mujeres alegaron ser víctimas, los juzgados españoles concluyeron que no había pruebas suficientes para establecer que las relaciones sexuales no fueron consensuadas. El TEDH ordena al Estado español compensar a cada una de las demandantes con 20.000 euros por daño moral y cubrir 5.000 euros en costas judiciales.
Este fallo subraya la necesidad de una investigación adecuada en casos de agresión sexual y plantea cuestiones sobre la rendición de cuentas en el sistema judicial español, reflejando la importancia de garantizar los derechos de las víctimas en estos procesos.