Calama descarta imputar a Zapatero malversación por las joyas de su despacho

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de malversación relacionado con las joyas halladas en su despacho. La Fiscalía sostuvo que, si se aceptaba la versión de Zapatero —que recibió las piezas como un regalo del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz Al-Saud en 2007—, debía haberlas entregado al Patrimonio del Estado. Anticorrupción presentó su petición el 21 de octubre y alegó que los bienes recibidos por una autoridad pueden ser públicos aunque no hayan llegado a incorporarse materialmente a las cuentas de la Administración.

Calama razona que en 2007 ninguna disposición legal establecía que los regalos recibidos por altos cargos pasaran automáticamente a formar parte del patrimonio público. Esa obligación quedó expresamente recogida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013, que establece límites a la aceptación de obsequios y prevé que los de relevancia institucional se incorporen al patrimonio de la Administración correspondiente. El Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2005, durante la presidencia de Zapatero, tenía, según el magistrado, carácter ético y de autorregulación, pero no fuerza normativa suficiente para determinar la titularidad pública de los bienes ni fundamentar una imputación penal.

El juez también examina la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre malversación. Señala que en los casos citados por la Fiscalía existía un título jurídico previo o una obligación jurídicamente exigible que vinculaba los bienes con la Administración. A su juicio, esa doctrina no permite concluir que cualquier objeto recibido por una autoridad por razón de su cargo pase a ser automáticamente patrimonio público. Aplicarla a las joyas supondría, afirma, extender de forma imprevisible el delito a una conducta que no estaba contemplada por la legislación vigente cuando presuntamente se produjo. Por ello, concluye que falta un elemento esencial para imputar la malversación. Añade que quedarse con las piezas podría suscitar reproches éticos o políticos, pero que eso no basta para considerarlas bienes públicos a efectos penales.

La resolución sobre la malversación no determina si Zapatero recibió efectivamente las joyas del monarca saudí. El expresidente las describió como un regalo estrictamente personal, entregado durante una visita oficial a España en junio de 2007. Calama ya había puesto en duda la verosimilitud de esa explicación en una resolución anterior y rechazó solicitar asistencia judicial a Arabia Saudí para comprobarla; la defensa recurrió esa decisión y pidió que se certificara el supuesto regalo. El Ministerio Público, por su parte, sostuvo que Zapatero recibió las piezas mientras era presidente y no las entregó al dejar el cargo, y pidió recabar del Patrimonio del Estado las actas de recepción de otros obsequios institucionales.

Las joyas se encontraron en una caja fuerte de la oficina de Zapatero durante un registro policial practicado el 19 de mayo. En el conjunto había más de 60 piezas; entre ellas, tres juegos con rubíes, esmeraldas y zafiros que el expresidente atribuye al rey saudí y que se han valorado en más de un millón de euros. La investigación sobre ellas continúa por presuntos delitos fiscal y de contrabando. La Policía, a través de la UDEF, debe tratar de identificar al fabricante y el origen de la marca o punzón grabado en los juegos, con posibilidad de pedir colaboración a Interpol y Europol. Un informe de la joyería Yanes descartó que, por las características de la marca, procedieran de la Unión Europea, Estados Unidos o países árabes, pero no identificó al fabricante ni atribuyó las piezas a otro territorio. El juez también pidió averiguar su procedencia y fecha de fabricación; Zapatero ha recurrido la negativa a consultar a las autoridades saudíes.

En un segundo auto, Calama ha acordado paralizar las inspecciones de la Agencia Tributaria a Zapatero, su esposa, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades vinculadas. La decisión llega después de que Hacienda solicitara suspender sus actuaciones, entre otros motivos para evitar que corrieran los plazos de prescripción. Los afectados se han negado a aportar documentación relacionada con la investigación penal al alegar que podría perjudicar su derecho de defensa. El juez considera que esa posición ha bloqueado las inspecciones y que la tramitación simultánea de ambos procedimientos genera una incompatibilidad práctica que compromete su utilidad. La suspensión se mantendrá mientras persistan esas circunstancias o hasta que una resolución firme permita reanudar las actuaciones; no supone que se haya dado por probado un delito fiscal.

El magistrado señala además que la investigación ha delimitado hechos con posible incidencia tributaria, como un eventual entramado societario y financiero, el uso de sociedades instrumentales, la canalización de fondos a través de terceros, operaciones internacionales y una posible ocultación de documentación económica. Entre las cuestiones investigadas figura si los trabajos de asesoría facturados por Zapatero a través de Análisis Relevante existieron o si los pagos pudieron encubrir comisiones vinculadas al rescate público de Plus Ultra. La causa sobre la aerolínea también investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La paralización de las inspecciones no implica, según Calama, que los investigados tengan un derecho absoluto a no colaborar con Hacienda.