Arranca la huelga general por la vivienda entre apoyos y críticas políticas

La huelga general por el acceso a la vivienda y unos salarios dignos ha comenzado este miércoles 11 de noviembre en España, con manifestaciones previstas en numerosas ciudades y una convocatoria de consumo que pide no comprar y evitar el transporte público. El paro, de 24 horas, es el primero de ámbito estatal y de esa duración secundado por CCOO y UGT desde 2012 y se celebra con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas.

La protesta surgió de las movilizaciones por la vivienda y fue impulsada inicialmente por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, a la que se sumaron CCOO y UGT. También participan CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS y la Intersindical. Entre las principales demandas de CCOO y UGT figuran medidas para facilitar el acceso a la vivienda, frenar la especulación y ampliar el parque público, así como una subida del salario mínimo, mejoras salariales, defensa de los servicios públicos y protección de la salud en el trabajo.

Los sindicatos sostienen que la protesta se preparaba antes de la disolución de las Cortes y que interpela a la patronal y a las administraciones públicas. CCOO añade que también se dirige al Parlamento, después de que el Congreso rechazara los decretos de vivienda y la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos han señalado que el éxito de la convocatoria dependerá sobre todo de que las manifestaciones de la tarde sean masivas.

El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, fue uno de los detonantes de las protestas y acampadas. La mujer, activista del sindicato de inquilinas, fue desalojada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro y falleció días después en el hospital. Las movilizaciones y el rechazo de los primeros decretos de vivienda precedieron al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

La huelga comenzó a medianoche y terminará a las 24.00 horas, aunque en los centros con turnos abarca desde el primero hasta el final del último, incluso si alguno empieza antes. En la víspera, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, reunieron a piquetes informativos en la Puerta del Sol de Madrid y llamaron especialmente a los jóvenes a participar. Sordo vinculó la convocatoria a las condiciones de vida futuras de la juventud trabajadora y Álvarez advirtió de que el Gobierno que salga de las urnas tendrá que escuchar las reivindicaciones.

También hubo piquetes ante la planta de Stellantis en Vigo, en Mercabarna y frente a la fábrica de Seat en Martorell. En Madrid, integrantes del Sindicato de Inquilinas entraron el martes en la sede de Alquiler Seguro y lanzaron octavillas. La organización anunció además un recorrido por comercios de la Gran Vía durante la madrugada.

La manifestación principal de Madrid partirá a las 18.00 horas de Atocha y recorrerá Cibeles y la Gran Vía hasta la plaza de España. Antes, a las 12.00 horas, está prevista una concentración en Cibeles. En Barcelona hay convocatorias a las 13.00 horas en la plaza de la Universitat y a las 17.30 en los Jardinets de Gràcia; en Valencia, a las 18.00 desde Xàtiva; en Bilbao, a las 11.30 desde la plaza Euskadi, y en Sevilla, a las 18.00 desde la avenida del Cid.

La convocatoria ha abierto una confrontación política. El Gobierno y el PSOE apoyan las reivindicaciones y defienden el derecho de huelga. Sánchez afirmó que el paro no va contra nadie y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió respeto para los sindicatos. La dirigente socialista María Jesús Montero, que anteriormente había hablado de una huelga contra la oposición, matizó el martes que es una protesta en defensa de los derechos de los trabajadores. El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, llamó expresamente a secundarla.

Los ministros han despejado su agenda pública por respeto a la convocatoria, aunque está previsto que trabajen en sus despachos. Las excepciones son los ministros José Manuel Albares y Luis Planas, que mantienen compromisos en el extranjero. No hay programada una comparecencia del Gobierno sobre el seguimiento. El PSOE no acudirá como organización a las manifestaciones, aunque sus dirigentes podrán hacerlo a título personal.

Frente Amplio y Podemos han anunciado su participación en piquetes y manifestaciones. Emilio Delgado acudirá a un piquete en Madrid junto a representantes de La Francia Insumisa y la eurodiputada Estrella Galán; Irene Montero participará en otro en la capital y en la marcha de la tarde. Ada Colau asistirá a la manifestación de Barcelona. IU destinará a la caja de resistencia del Sindicato de Inquilinas el dinero descontado de los salarios de sus dirigentes y trabajadores que hagan huelga.

El PP, Vox y Junts rechazan la convocatoria. Alberto Núñez Feijóo pidió desconvocarla y apeló a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el 28 de octubre. La patronal también solicitó suspenderla tras la tragedia y había anunciado su intención de impugnarla por considerarla política y ajena al ámbito laboral. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, cuestionó que se responsabilizara a la oposición o a los empresarios de la situación de la vivienda.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó a los sindicatos de «mafia» y «basura», mientras que el secretario general del PP, Miguel Tellado, llamó «apesebrados» a sus líderes. Santiago Abascal, de Vox, sostuvo que la huelga no debería ser legal. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, también acusó a las centrales de estar al servicio de los partidos responsables de las decisiones contra las que protestan.

El jueves, la Diputación Permanente del Congreso votará dos decretos de vivienda aprobados el 6 de octubre, después de que sus versiones anteriores fueran rechazadas. El PNV ha anunciado su respaldo al texto más amplio, que incluye una prórroga para el precio de los alquileres, y su oposición al segundo, sobre la estabilidad de los contratos e indemnizaciones en algunos supuestos de no renovación. Con los apoyos anunciados, el Gobierno podría convalidar el primero, pero no el segundo.

Las administraciones han fijado servicios mínimos en sectores esenciales. En Cercanías serán del 75% en hora punta y del 50% el resto del día; en alta velocidad y larga distancia, del 75%; en media distancia, del 65%, y en mercancías, del 26%. En el transporte aéreo oscilarán entre el 52% y el 85%, según la ruta. Correos tendrá mínimos del 50% en distribución y servicios especiales, incluida la documentación para el voto por correo, y del 100% en zonas rurales para la atención al público vinculada a las elecciones.

En la justicia persiste la división sobre el derecho de jueces y magistrados a secundar el paro. La posición oficial del Consejo General del Poder Judicial es que ese derecho carece actualmente de soporte normativo. Las asociaciones mayoritarias, Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, consideran política esta convocatoria y no han convocado una protesta propia; Foro Judicial Independiente defiende que los jueces pueden hacer huelga. Jueces para la Democracia apoya las reivindicaciones, sin adherirse al paro como hizo en 2012.

El sindicato CSIF tampoco secunda la convocatoria en justicia. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha recomendado planificar con antelación los desplazamientos a las sedes judiciales, y el sindicato de abogados y procuradores Venia señala que los servicios mínimos garantizan la asistencia a detenidos, las actuaciones en violencia sobre la mujer y otras actuaciones esenciales. La jornada sigue siendo hábil para los procedimientos.