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La huelga general del 11 de noviembre une vivienda y salarios
Los movimientos de vivienda y sindicatos laborales preparan un paro de 24 horas, con más de cien comités registrados en Catalunya.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:41
La huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre en toda España reclama una rebaja de los alquileres y mejoras salariales. El paro, de 24 horas, reúne a organizaciones del movimiento de vivienda y a sindicatos laborales con planteamientos diferentes, entre ellos CCOO, UGT, CGT y CNT. En Euskal Herria cuenta también con el respaldo de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru, junto a organizaciones de vivienda.
Será la primera huelga general de estas características desde 2012. Sus impulsores relacionan la dificultad de acceso a una vivienda con la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo. Txejo Ortega, integrante de la coordinadora nacional de ESK, sostiene que el encarecimiento de los alquileres y de la compra absorbe las mejoras salariales y hace que tener empleo no garantice llegar a fin de mes.
La convocatoria llevaba tiempo gestándose. El Sindicat de Llogateres y varios sindicatos laborales reclamaban desde hacía meses un paro general y en junio realizaron una encuesta en la calle para valorar el apoyo. Sabina Carrau, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, explica que la huelga se preparaba desde hacía casi dos años y que el desahucio de Maricarmen Abascal el 23 de septiembre en Madrid aceleró el conflicto. Abascal murió después del desalojo; en Barcelona, el suicidio de Olga también formó parte de un septiembre marcado por la crisis de vivienda, tras el que hubo movilizaciones y acampadas en varias plazas.
Después, Junts, PP y Vox tumbaron en el Congreso dos decretos urgentes de vivienda que finalmente se tramitaron en la Diputación Permanente. El Sindicato de Inquilinas aspira, además, a que la Administración y las instituciones lo reconozcan como sindicato con capacidad para negociar las condiciones relacionadas con la vivienda.
Carrau señala que fueron necesarias numerosas conversaciones para sumar a CCOO y UGT a una convocatoria en la que ya participaban organizaciones como CGT y CNT. Txejo Ortega atribuye la confluencia a la presión de los movimientos populares de vivienda sobre los sindicatos. En Euskal Herria, añade, la movilización tiene reivindicaciones propias ligadas a las competencias del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra.
El representante de ESK considera que la huelga debe vincularse a las condiciones laborales para que no pueda ser considerada ilegal y recuerda que Garamendi, de la CEOE, la calificó de política e ilegal. También defiende la continuidad de la demanda de un salario mínimo propio de 1.500 euros para Euskal Herria, que motivó la huelga del 17 de marzo. A su juicio, elevar ese suelo beneficiaría a los trabajadores con menores ingresos y favorecería mejoras en los convenios.
ESK reclama unidad sindical en la negociación colectiva e intervención pública en el mercado inmobiliario. Entre las medidas que plantea figuran ampliar el parque público de alquiler con rentas que no superen el 30% de los ingresos, limitar mediante medidas fiscales o legales la compra de vivienda por grandes propietarios y empresas y contemplar expropiaciones en determinados casos. Ortega también menciona las ventas de propiedades de la Sareb a fondos buitre.
Las organizaciones participantes mantienen diferencias sobre el alcance y los destinatarios de la protesta. El secretario de Comunicación de CCOO, Marcelo Ortega, la presenta como una oportunidad para conectar las reivindicaciones salariales con otras demandas sociales y explica que el sindicato trabaja para llegar al mayor número posible de centros de trabajo. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, dirige la protesta contra quienes, según afirma, amparan la especulación o no ejercen sus competencias en vivienda. Asegura que unos 4.200 comités de empresa liderados por UGT han confirmado su apoyo a los paros y defiende la labor sindical realizada durante los últimos ocho años.
El secretario general de CGT, Miguel Fadrique, considera que CCOO y UGT se sumaron forzados por la movilización y que los avances bajo la presidencia de Pedro Sánchez han sido insuficientes. Su sindicato llama a la huelga contra toda la clase política y espera que sea el inicio de un nuevo ciclo de protestas. La secretaria general en funciones de CNT, Nieves Román, también la ve como el comienzo de nuevas movilizaciones y destaca el papel de los piquetes y las asambleas de barrio.
En Catalunya, la Casa de la Vaga funciona desde hace casi tres semanas en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona como espacio abierto de coordinación y distribución de materiales. Su web registra más de cien comités de huelga en la comunidad; un mapa instalado en la sede recoge más de 40 del área metropolitana de Barcelona. Los sindicatos solicitaron el espacio al rectorado y, según Pere Gatell, del Sindicat de Llogateres, mantienen una relación de negociación cordial con la universidad.
Por la sede han pasado colectivos de educación, sanidad, vecinos, trabajadoras sexuales y organizaciones religiosas, entre otros. La delegada de educación de CGT Íngrid Chavarria advierte de que la falta de un hogar estable afecta a alumnado de la escuela pública y dificulta su aprendizaje. Los sindicatos educativos han convocado además una manifestación el 21 de noviembre y una huelga sectorial el 26 para reclamar mejoras laborales y más recursos para la escuela pública catalana, en un conflicto con el Departament d’Educació anterior al verano.
En sanidad, Mercedes Sánchez, de la organización de profesionales de atención primaria La Capçalera, relaciona la precariedad habitacional con problemas de salud mental y señala que los propios profesionales sufren dificultades económicas y cargas laborales. La Capçalera ha firmado un manifiesto con 14 entidades y colegios profesionales que cita estudios sobre una mayor probabilidad de depresión entre personas desahuciadas. En Catalunya, cerca de nueve de cada diez personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria presentaban mala salud mental, frente a menos del 16% de la población general.
La primera asamblea sanitaria en la Casa de la Vaga reunió a más de cien personas y dio paso a comités con personal de atención primaria y de hospitales como el Mar, Vall d’Hebron, Sant Pau, Clínic, Mataró, Granollers y Lleida. Sánchez sostiene que el espacio les ha permitido crear un entorno para compartir inquietudes y luchar colectivamente.
Será la primera huelga general de estas características desde 2012. Sus impulsores relacionan la dificultad de acceso a una vivienda con la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo. Txejo Ortega, integrante de la coordinadora nacional de ESK, sostiene que el encarecimiento de los alquileres y de la compra absorbe las mejoras salariales y hace que tener empleo no garantice llegar a fin de mes.
La convocatoria llevaba tiempo gestándose. El Sindicat de Llogateres y varios sindicatos laborales reclamaban desde hacía meses un paro general y en junio realizaron una encuesta en la calle para valorar el apoyo. Sabina Carrau, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, explica que la huelga se preparaba desde hacía casi dos años y que el desahucio de Maricarmen Abascal el 23 de septiembre en Madrid aceleró el conflicto. Abascal murió después del desalojo; en Barcelona, el suicidio de Olga también formó parte de un septiembre marcado por la crisis de vivienda, tras el que hubo movilizaciones y acampadas en varias plazas.
Después, Junts, PP y Vox tumbaron en el Congreso dos decretos urgentes de vivienda que finalmente se tramitaron en la Diputación Permanente. El Sindicato de Inquilinas aspira, además, a que la Administración y las instituciones lo reconozcan como sindicato con capacidad para negociar las condiciones relacionadas con la vivienda.
Carrau señala que fueron necesarias numerosas conversaciones para sumar a CCOO y UGT a una convocatoria en la que ya participaban organizaciones como CGT y CNT. Txejo Ortega atribuye la confluencia a la presión de los movimientos populares de vivienda sobre los sindicatos. En Euskal Herria, añade, la movilización tiene reivindicaciones propias ligadas a las competencias del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra.
El representante de ESK considera que la huelga debe vincularse a las condiciones laborales para que no pueda ser considerada ilegal y recuerda que Garamendi, de la CEOE, la calificó de política e ilegal. También defiende la continuidad de la demanda de un salario mínimo propio de 1.500 euros para Euskal Herria, que motivó la huelga del 17 de marzo. A su juicio, elevar ese suelo beneficiaría a los trabajadores con menores ingresos y favorecería mejoras en los convenios.
ESK reclama unidad sindical en la negociación colectiva e intervención pública en el mercado inmobiliario. Entre las medidas que plantea figuran ampliar el parque público de alquiler con rentas que no superen el 30% de los ingresos, limitar mediante medidas fiscales o legales la compra de vivienda por grandes propietarios y empresas y contemplar expropiaciones en determinados casos. Ortega también menciona las ventas de propiedades de la Sareb a fondos buitre.
Las organizaciones participantes mantienen diferencias sobre el alcance y los destinatarios de la protesta. El secretario de Comunicación de CCOO, Marcelo Ortega, la presenta como una oportunidad para conectar las reivindicaciones salariales con otras demandas sociales y explica que el sindicato trabaja para llegar al mayor número posible de centros de trabajo. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, dirige la protesta contra quienes, según afirma, amparan la especulación o no ejercen sus competencias en vivienda. Asegura que unos 4.200 comités de empresa liderados por UGT han confirmado su apoyo a los paros y defiende la labor sindical realizada durante los últimos ocho años.
El secretario general de CGT, Miguel Fadrique, considera que CCOO y UGT se sumaron forzados por la movilización y que los avances bajo la presidencia de Pedro Sánchez han sido insuficientes. Su sindicato llama a la huelga contra toda la clase política y espera que sea el inicio de un nuevo ciclo de protestas. La secretaria general en funciones de CNT, Nieves Román, también la ve como el comienzo de nuevas movilizaciones y destaca el papel de los piquetes y las asambleas de barrio.
En Catalunya, la Casa de la Vaga funciona desde hace casi tres semanas en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona como espacio abierto de coordinación y distribución de materiales. Su web registra más de cien comités de huelga en la comunidad; un mapa instalado en la sede recoge más de 40 del área metropolitana de Barcelona. Los sindicatos solicitaron el espacio al rectorado y, según Pere Gatell, del Sindicat de Llogateres, mantienen una relación de negociación cordial con la universidad.
Por la sede han pasado colectivos de educación, sanidad, vecinos, trabajadoras sexuales y organizaciones religiosas, entre otros. La delegada de educación de CGT Íngrid Chavarria advierte de que la falta de un hogar estable afecta a alumnado de la escuela pública y dificulta su aprendizaje. Los sindicatos educativos han convocado además una manifestación el 21 de noviembre y una huelga sectorial el 26 para reclamar mejoras laborales y más recursos para la escuela pública catalana, en un conflicto con el Departament d’Educació anterior al verano.
En sanidad, Mercedes Sánchez, de la organización de profesionales de atención primaria La Capçalera, relaciona la precariedad habitacional con problemas de salud mental y señala que los propios profesionales sufren dificultades económicas y cargas laborales. La Capçalera ha firmado un manifiesto con 14 entidades y colegios profesionales que cita estudios sobre una mayor probabilidad de depresión entre personas desahuciadas. En Catalunya, cerca de nueve de cada diez personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria presentaban mala salud mental, frente a menos del 16% de la población general.
La primera asamblea sanitaria en la Casa de la Vaga reunió a más de cien personas y dio paso a comités con personal de atención primaria y de hospitales como el Mar, Vall d’Hebron, Sant Pau, Clínic, Mataró, Granollers y Lleida. Sánchez sostiene que el espacio les ha permitido crear un entorno para compartir inquietudes y luchar colectivamente.