Los sindicatos preparan la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda

Los sindicatos y los colectivos de vivienda preparan para este miércoles 11 de noviembre una huelga general de 24 horas para reclamar un acceso asequible a la vivienda y mejoras salariales frente al aumento del coste de la vida. La convocatoria llega tras semanas de manifestaciones y acampadas en distintas ciudades y será la primera huelga general respaldada por las principales centrales sindicales en 14 años.

La iniciativa nació del movimiento de inquilinos y cuenta con el respaldo de UGT y CCOO, así como de CGT, CNT, Intersindical, Co.Bas, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. En Galicia también llama al paro la CIG, junto con colectivos sociales y de vivienda. La huelga ha sido registrada por CCOO y UGT junto con CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices, Co.Bas, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Entre las demandas figuran subidas salariales generales de entre el 4% y el 7%, un aumento del salario mínimo de al menos el 7% en 2027, la reducción de la jornada y el desbloqueo de la negociación colectiva. Los convocantes piden a los poderes públicos medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna y la recuperación del poder adquisitivo, y exigen a la patronal que negocie un nuevo marco salarial frente al aumento del coste de la vida. El paro está previsto de 00:00 a 24:00 horas, aunque su aplicación podrá variar según el territorio y el sector, con posibles paros parciales de dos o tres horas en algunos lugares. Los servicios esenciales, como la sanidad, el transporte público y las emergencias, mantendrán los mínimos que fijen las autoridades.

Están llamados a participar trabajadores de todos los sectores y ámbitos laborales, con la excepción de Ceuta, excluida de la convocatoria por la situación que aún vive la ciudad autónoma a causa de la crisis migratoria. En los centros con varios turnos, la huelga comenzará con el primero, aunque se inicie antes de las 00:00 del día 11, y terminará al concluir el último, aunque acabe después de las 24:00. El día 10 cesarán en su actividad las personas que elaboren productos, servicios o aprovisionamientos que deban producir efectos inmediatos el día 11.

La participación en la huelga es un derecho fundamental y voluntario: la empresa no puede sancionar, despedir ni tomar represalias contra un trabajador únicamente por secundarla, y nadie puede obligarlo a parar. El trabajador no tiene que comunicar su decisión previamente y la empresa tampoco puede pedirle que se pronuncie por adelantado.

Según Legálitas, a quienes secunden el paro se les descontará de la nómina la parte correspondiente a la jornada no trabajada, tanto del salario base como de complementos y pluses, así como de las pagas extraordinarias cuando se calculen. Durante ese periodo, el trabajador pasa a una situación especial en la Seguridad Social sin obligación de cotizar.

Los servicios mínimos solo proceden en servicios esenciales para la comunidad, sean prestados por empresas públicas o privadas, y los fija la autoridad gubernativa competente mediante resolución. La empresa dedicada a una actividad esencial puede designar nominalmente a los empleados que deban cubrirlos, que están obligados a acudir y realizar las tareas decretadas. Por otra parte, pueden establecerse servicios de seguridad y mantenimiento en cualquier empresa donde un paro total pueda dañar instalaciones, maquinaria o materias primas, o suponer un peligro para las personas.

Durante la huelga no se pueden hacer horas extraordinarias, sustituir a los huelguistas ni realizar las tareas normalmente encomendadas a una persona que haya secundado la huelga. Los piquetes deben actuar de forma informativa y pacífica y no pueden coaccionar a quienes acudan a trabajar. Si un trabajador llega tarde o no puede acceder a su centro a causa de la huelga, debe comunicarlo rápidamente a la empresa, que, si es posible, debe ofrecer teletrabajo a quienes quieran trabajar o facilitar la recuperación de la jornada.

La convocatoria se produce a dos días del comienzo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. CEOE y Cepyme han cuestionado que las reivindicaciones sean esencialmente laborales y CSIF se ha desmarcado del paro. El PP considera que existe una motivación política, mientras que el Gobierno ha defendido el derecho de los sindicatos a movilizarse. El presidente, Pedro Sánchez, ha vinculado la protesta a las dificultades de acceso a la vivienda de trabajadores y familias.

El presidente de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete, considera que la huelga es un error y que no resolverá el problema de la vivienda. A su juicio, una huelga general debería utilizarse ante un conflicto laboral. Coincide con CEOE en que esta convocatoria no parte de uno y señala que la CEOE dijo que exploraría posibles acciones legales, pero finalmente no presentará ninguna denuncia.

Cañete reconoce la crisis residencial como un problema social que también afecta a la competitividad. Según sostiene, el coste de la vivienda está detrás de uno de cada dos puestos de trabajo que no se cubren. Defiende aumentar la oferta, agilizar los permisos de construcción y favorecer los prefabricados. También advierte de que, si los propietarios ven que no pueden subir los alquileres, cuando aumenten los costes no sacarán las viviendas al mercado, lo que puede provocar el efecto contrario. Reclama ayudas para las personas vulnerables sin generar inseguridad jurídica para los propietarios.

El dirigente empresarial afirma que subir los salarios es urgente, pero lo vincula a la productividad, el absentismo y los costes. Rechaza generalizar los buenos resultados de algunas cotizadas al conjunto de las empresas: según sus datos, las pymes tienen un margen del 4,9% y han dedicado el 80% del crecimiento de su valor añadido bruto a costes laborales. Pide políticas que favorezcan su crecimiento y costes energéticos competitivos, y lamenta que las pymes no tengan voz propia en el mapa patronal español. Sobre el resultado electoral, asegura que Pimec buscará el diálogo social con quien forme Gobierno.

Este lunes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha desplegado una gran pancarta en la plaza de Callao para llamar a la huelga. La organización ha expresado su objetivo de lograr un paro combativo y mayoritario y ha destacado el trabajo de los comités unitarios para extenderlo. Entre sus demandas figuran contratos de alquiler indefinidos, una bajada drástica de los precios, el fin de la compra especulativa, derechos para las inquilinas e impuestos a la riqueza para conseguir un parque público de vivienda. El sindicato ha presentado la convocatoria como una alianza para defender la vivienda y el trabajo.

En Galicia, Amelia Pérez, de CCOO, señala que el desahucio de Mari Carmen actuó como detonante de la convocatoria, aunque las reivindicaciones responden, según afirma, a problemas estructurales anteriores. Advierte de que los aumentos salariales pueden quedar absorbidos por las subidas del alquiler y sitúa también entre los motivos del paro la defensa de las pensiones y de la sanidad pública, las listas de espera y la situación de la atención sanitaria gallega. Rechaza, además, que se criminalice el absentismo laboral.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, reclama un plan de choque a los gobiernos gallego y español. Según las cifras de su sindicato, desde 2017 los precios generales han subido un 25,3%, frente al 24,1% de los salarios; los alimentos se han encarecido un 40,9% y los alquileres un 60,8%. La central cifra en un 61,9% el aumento de los beneficios de las empresas del IBEX 35 y en un 38% el encarecimiento medio de la vivienda libre, que en determinadas ciudades gallegas habría alcanzado el 79%. Carril también cita una inflación interanual de septiembre del 5,5% en Galicia y del 4,9% en el conjunto de España, según el Instituto Galego de Estatística y el INE.

CCOO ofrece otra lectura salarial para un periodo distinto: su responsable de negociación colectiva en Galicia, Armando Iglesias, afirma que entre 2019 y junio de 2026 los salarios subieron un 25,8%, frente al 25,2% del IPC, aunque el repunte posterior de los precios podría comprometer esa mejora del poder adquisitivo.

Por UGT Galicia, Cristóbal Medeiros denuncia el bloqueo de la negociación colectiva y la falta de un nuevo acuerdo estatal de referencia para los convenios. Sostiene que ello dificulta las mejoras salariales y la reducción de jornada, y alerta de problemas con el registro horario y las horas extraordinarias. También defiende la revalorización de las pensiones vinculada al IPC y pide que las mejoras de sueldo vayan acompañadas de medidas frente al encarecimiento de la vivienda.

Las organizaciones gallegas rechazan que la huelga esté dirigida contra un partido concreto y afirman que sus demandas interpelan a las administraciones y a las formaciones políticas. Carril reconoce un componente político en la exigencia de cambios a los gobiernos; Medeiros considera que las huelgas tienen ese carácter por la influencia de las decisiones públicas sobre las condiciones laborales y sociales. CCOO quiere que los partidos expliquen durante la campaña sus propuestas sobre vivienda, salarios y coste de la vida.

Los sindicatos preparan la jornada mediante asambleas, visitas a centros de trabajo y coordinación de piquetes y movilizaciones. La CIG ha convocado 17 movilizaciones matinales en las cuatro provincias gallegas; CCOO y UGT preparan sus propias concentraciones y, por la tarde, habrá marchas conjuntas con colectivos sociales y de vivienda.

En A Coruña, la CIG saldrá a las 12:00 de la plaza de Vigo y CCOO celebrará a la misma hora una manifestación en la plaza de la Palloza. La marcha unitaria de las 18:00 partirá del cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro y terminará en la plaza de Tabacos. En Ferrol, CCOO y UGT saldrán a las 11:30 de la plaza de España, mientras que la CIG partirá a las 12:00 de su sede en la avenida de Esteiro.

La CIG ha anunciado también manifestaciones en Vigo, Carballo, Cee, Pontevedra, Vilagarcía, A Estrada, Santiago, Ribeira, As Pontes, Lugo, Burela, Monforte, Ourense, O Barco y Verín. La mayoría empezarán a las 12:00, salvo la de Ourense, prevista a las 11:00. Entre los puntos de encuentro están la plaza de A Ferrería en Pontevedra, la plaza Roxa en Santiago, el edificio sindical de Lugo y el cruce de A Dobrada en Vigo.

Anton Tembra, del Sindicato de Vivienda de A Coruña, señala que los colectivos reclaman salarios y viviendas dignos, además de servicios públicos de calidad. Para extender la preparación a los barrios, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha habilitado la plataforma Toka en folgapolavivenda.gal, que permite localizar o impulsar comités, contactar con ellos y consultar sus actividades, entre ellas sesiones formativas, talleres y reparto de información.