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Los docentes madrileños protestan contra las restricciones y recurrirán los servicios mínimos

El comité de huelga impugnará también dos instrucciones de Educación, incluida la que limita la difusión de reivindicaciones en los centros públicos.

Publicado: 20 de noviembre de 2026, 16:01

Más de medio millar de profesores y trabajadores de la educación pública madrileña se han concentrado este viernes frente a la Consejería de Educación para reclamar una negociación y protestar contra las nuevas instrucciones de la Comunidad de Madrid sobre neutralidad docente. La movilización se produce en plena huelga indefinida, iniciada el 14 de octubre, y después de que el Gobierno regional haya elevado los servicios mínimos.

El comité mixto de huelga del profesorado no universitario ha anunciado que presentará tres recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con una petición de medidas cautelarísimas para suspender de inmediato la nueva orden de servicios mínimos y dos instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa, relativas a la neutralidad y la reformulación del temario. El comité sostiene que las instrucciones carecen de rango normativo y modifican la legislación educativa y las funciones de docentes y directivos.

En la concentración, celebrada en la calle Alcalá, los participantes han pedido de nuevo la dimisión de la consejera, Mercedes Zarzalejo. Muchos llevaban pegatinas en los labios con las palabras «censura» o «represión» y algunos portaban pancartas con el término «garrapatas», empleado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para referirse a ellos. También han acudido estudiantes convocados por el Sindicato de Estudiantes. En centros de localidades como San Sebastián de los Reyes y Rivas, profesores han protestado igualmente con mordazas.

CCOO ha defendido el derecho de huelga y la libertad de expresión del profesorado y ha pedido una mesa de negociación. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado al Ejecutivo regional de fomentar una «cultura del chivatazo» y ha anunciado que estudia acciones legales. CSIF, por su parte, ha defendido una educación libre de adoctrinamiento, pero ha rechazado que se ponga bajo sospecha a los docentes o se generen presión y desconfianza.

La instrucción de neutralidad, firmada el jueves por el viceconsejero José Carlos Fernández Borreguero y en vigor desde este viernes, se dirige a las direcciones de Área Territorial, la Inspección Educativa y los equipos directivos de los centros públicos no universitarios. Sus disposiciones son de obligado cumplimiento y deben comunicarse a los claustros, el personal y las familias.

El documento prohíbe pedir o animar a los alumnos a participar en huelgas, protestas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas vinculadas a conflictos políticos, ideológicos o sindicales, así como presionarlos para ello. Tampoco permite utilizar clases, tutorías, tareas, lecturas, exámenes, actividades complementarias o periodos de servicios mínimos para buscar el apoyo del alumnado a una de las partes.

La Consejería define el adoctrinamiento como el uso de la posición docente o de los medios del centro para imponer, promover o recabar la adhesión de los alumnos a una opción política, ideológica o sindical. Para valorarlo prevé tener en cuenta, entre otros factores, la edad y madurez de los estudiantes, el contexto, la reiteración, la relación con el currículo y la existencia de presiones.

Las restricciones afectan también a las plataformas oficiales Raíces, Roble y EducaMadrid, las webs y redes institucionales, las circulares, las reuniones con familias y el correo corporativo, que no podrán emplearse para difundir manifiestos o posiciones de parte. El texto veta el uso de recursos del centro para elaborar o repartir propaganda y la colocación de pancartas, carteles o símbolos en fachadas, vallas y espacios comunes cuando puedan dar la impresión de respaldo institucional a una huelga, partido o reivindicación sindical.

La prohibición no afecta a los tablones sindicales previstos legalmente, los materiales curriculares, los trabajos de los estudiantes o las actividades educativas. La Consejería precisa que tampoco impide de forma general el uso de camisetas reivindicativas, chapas, lazos u otros distintivos personales, siempre que no acompañen actuaciones dirigidas a conseguir la adhesión política o sindical de menores.

La instrucción veta además los comentarios o señalamientos ante alumnos y familias sobre compañeros que secunden la huelga o acudan a trabajar, así como las intervenciones de personas ajenas a la plantilla destinadas a movilizar a estudiantes durante el horario lectivo. Las actividades con participantes externos deberán figurar en la programación anual y contar con un profesor presente.

Los docentes podrán responder a preguntas de los alumnos sobre conflictos políticos o sindicales con información objetiva, breve y adaptada a su edad, sin tratar de convencerlos. También podrán celebrar reuniones sindicales en espacios habilitados y distribuir información laboral entre trabajadores sin involucrar al alumnado ni interferir en la actividad educativa.

Los directores deberán comunicar a la Dirección de Área Territorial las incidencias relacionadas con la neutralidad, la implicación de alumnos en conflictos sindicales o el uso indebido de instalaciones y recursos. El documento incluye un formulario para recogerlas; las familias, los estudiantes y el personal también podrán comunicar posibles incumplimientos.

La Inspección realizará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles y decidirá si efectúa comprobaciones, archiva el expediente o traslada los hechos al órgano competente. En los casos más graves, cuando puedan estar comprometidos derechos fundamentales de los estudiantes, los inspectores podrán visitar el centro y entrevistar a los implicados; si existe un perjuicio grave e inmediato para los alumnos, podrán proponer o requerir medidas urgentes. Las direcciones deben describir los hechos sin investigar por su cuenta ni aportar pruebas obligatoriamente, y no podrán recopilar datos sobre afiliación sindical o participación individual en la huelga.

Según la Comunidad, las instrucciones no crean infracciones nuevas ni permiten sanciones automáticas, aunque los incumplimientos acreditados que encajen en faltas ya previstas podrían dar lugar a responsabilidades disciplinarias.

La nueva orden de servicios mínimos, también vigente desde este viernes, establece un maestro por cada 50 alumnos o fracción en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria; un profesor por cada 90 estudiantes en ESO y FP Básica; y uno por cada 70 alumnos o fracción en Bachillerato, FP de grado medio y superior y cursos de especialización.

En segundo de Bachillerato, las asignaturas incluidas en la Prueba de Acceso a la Universidad deberán cubrir el 50% de sus horas hasta el 31 de enero, el 75% del 1 de febrero al 30 de abril y el 90% desde el 1 de mayo hasta final de curso. En sexto de Primaria, cuarto de ESO y los cursos terminales de FP se añadirá un docente por cada tres unidades o fracción. Todos los centros deberán contar con el director y el jefe de estudios o, en su defecto, el secretario.

La orden garantiza asimismo procedimientos de evaluación, promoción y titulación, reclamaciones de notas y trámites de acceso a la universidad o a FP que no puedan aplazarse. Los docentes designados deberán avanzar en la programación si atienden a su grupo habitual; si se ocupan de alumnos de otro grupo cuyo profesor está en huelga, prestarán atención educativa básica mediante actividades como repasos, lectura, cálculo o trabajo autónomo, sin tener que sustituir plenamente al huelguista.

La Consejería justifica el aumento por la prolongación del paro y sus efectos acumulados. La orden contabiliza 23 jornadas lectivas afectadas hasta el 16 de noviembre, 413.076 horas ordinarias potencialmente no impartidas y 12.767 sesiones afectadas en segundo de Bachillerato entre el 14 de octubre y el 16 de noviembre. Educación afirma haber recibido reclamaciones de familias por pérdida de contenidos, interrupciones y falta de información sobre evaluación.

El comité considera que los mínimos pueden vulnerar el derecho de huelga y que deben limitarse a prestaciones estrictamente indispensables. Chema Pinto, responsable de Enseñanza Pública de UGT, ha afirmado que no pedirá a los docentes que los incumplan por las posibles sanciones. El 11 de noviembre, el TSJM suspendió cautelarísimamente los servicios mínimos fijados para una huelga general de educación y ordenó recuperar los vigentes desde 2012.

La huelga indefinida está convocada por CCOO y UGT, junto con otras organizaciones y plataformas. Las reuniones de la Consejería con sindicatos de enseñanza de los días 13 y 16 de noviembre concluyeron sin avances, mientras los docentes reclaman una negociación de sus reivindicaciones.

Entre ellas figuran reducir la carga lectiva semanal a 17 horas en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, una subida salarial de 600 euros mensuales, un administrativo a jornada completa por centro y la revisión del cómputo de tutorías y jefaturas de departamento. También piden reducir las ratios, reforzar la atención a la diversidad y las plantillas de orientación y apoyo, revisar las aulas de enlace y el bilingüismo y mejorar las infraestructuras, con medidas como la retirada de amianto y la mejora de la climatización.

Cristina y Verónica, orientadoras del equipo general de San Blas, Ciudad Lineal y Vicálvaro, han señalado que atienden de media a 600 alumnos y tienen protocolos pendientes desde hace dos años. Reclaman una orientadora por cada 250 estudiantes.

Zarzalejo ha defendido que los centros deben mantenerse al margen de campañas políticas o sindicales y que la negociación corresponde a las mesas en las que están representados los docentes. Ha señalado que las elecciones sindicales serán el 3 de diciembre y que está próximo un acuerdo sobre carrera docente. También ha afirmado que el seguimiento de la huelga ha caído en picado una media de un 5% o un 6%, aunque ha advertido de diferencias entre centros y de materias en las que, según ha dicho, no se ha impartido ninguna hora desde el inicio del curso. Sobre los servicios mínimos, ha asegurado que respetará lo que decida la justicia y ha defendido la necesidad de garantizar el derecho a la educación.

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