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Madrid denunciará a miembros del comité de huelga educativa por presunta inducción

La consejera y dos ministras no acudieron al encuentro solicitado por las plataformas docentes, que mantienen el paro indefinido.

Publicado: 18 de noviembre de 2026, 16:26

La Comunidad de Madrid presentará una denuncia por presuntos delitos de acoso, coacciones y desórdenes públicos contra quienes, según el Gobierno regional, han boicoteado actos de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. La denuncia también se dirigirá contra miembros del comité de huelga educativa como posibles inductores de esos hechos.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció este miércoles que los servicios jurídicos regionales presentarían la denuncia ante el Tribunal de Instancia de Madrid. Entre los hechos que se incorporarán, citó la colocación el martes de carteles en al menos 35 marquesinas de autobús de Madrid, en los que se señalaba a la consejera y se leía «Se busca por dejación de funciones».

Zarzalejo ha rechazado negociar con el comité de huelga, al que acusa de intentar imponer una negociación mediante acoso y alteraciones del orden público. La consejera ha calificado el paro de político, innecesario, injusto e irresponsable y ha defendido que se ha reunido 18 veces en año y medio con la mesa sectorial. En ese órgano no están todos los sindicatos convocantes ni el resto de colectivos que forman el comité, integrado por una veintena de organizaciones.

Jessica Belda, portavoz de CGT, ha acusado a la consejera de criminalizar al comité para deslegitimarlo ante la negociación y generar una opinión negativa sobre las docentes.

Este miércoles no acudieron Zarzalejo ni las ministras de Universidades, Diana Morant, y de Educación, Milagros Tolón, a una reunión solicitada por organizaciones convocantes para las 12.30 horas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, la Asamblea Menos Lectivas y las Plataformas por la Universidad Pública habían pedido su asistencia al considerar que todas las administraciones con responsabilidad educativa deben implicarse en la búsqueda de una salida al conflicto.

Claudia Saralegui, portavoz de Menos Lectivas, lamentó la ausencia de las tres instituciones y criticó al Ejecutivo regional por sus descalificaciones. También consideró al Estado cómplice por omisión. Menos Lectivas considera insuficiente el techo de servicios mínimos que, según la plataforma, contempla la ley estatal de educación, la LOMLOE.

Saralegui recordó una reunión mantenida con Zarzalejo tras el inicio del conflicto y sostuvo que, en lugar de escuchar sus demandas, la Consejería anunció un aumento de los servicios mínimos y una orden para retirar carteles y símbolos relacionados con las movilizaciones de los centros. Los docentes consideran que estas medidas afectan a su derecho de huelga y a la libertad de cátedra, y anuncian que continuarán el paro indefinido.

La huelga suma ya 25 jornadas lectivas y, según la Comunidad de Madrid, ha provocado la pérdida de más de 400.000 horas de clase. Zarzalejo ha señalado que la incidencia general es baja, aunque ha mostrado preocupación por algunos centros: según sus cifras, 83 de los 345 institutos y 53 de los más de 800 centros de primaria registran una incidencia acumulada superior al 20 %.

La consejera ha firmado una nueva instrucción para elevar los servicios mínimos, especialmente en segundo de Bachillerato, que entrará en vigor el viernes. El comité de huelga ha anunciado que la recurrirá ante los tribunales: sostiene que los servicios mínimos no deben mantener la actividad docente ordinaria y que obligar a impartir hasta el 90 % de actividad en algunas asignaturas de Bachillerato puede considerarse un boicot al derecho de huelga.

El conflicto coincide con el debate sobre el presupuesto educativo. Zarzalejo defendió el martes en la Asamblea de Madrid un incremento del 11,2 %, hasta 7.740,3 millones de euros. Frente a la Asamblea, el comité convocó una concentración en la que varios docentes acudieron vestidos con equipos de protección y pintados de verde. Durante la protesta hubo cargas policiales.

En su análisis de las cuentas, presentado ese mismo día, el comité sostiene que la educación pública solo gana una décima de PIB y que Madrid sigue siendo la comunidad que menos invierte en educación por alumno: cifra el gasto en 5.534 euros frente a los 6.851 de media nacional, y en el 2,06 % del PIB frente al 3,77 % nacional.

La partida para conciertos educativos aumenta 135,5 millones de euros, un 9,7 %, y se destinan unos 37 millones a becas en centros privados: 21,75 millones para Bachillerato y 15,29 millones para Formación Profesional. Chema Pinto, de UGT, afirmó que los presupuestos siguen apostando por la enseñanza privada y concertada y que solo 5,5 de cada diez euros se destinan a la educación pública no universitaria.

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