La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en los fondos del AVE Madrid‑Sevilla

La Fiscalía Europea ha abierto de oficio una investigación para determinar si hubo fraude o un uso irregular de fondos de la Unión Europea destinados a renovar y mejorar la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Las pesquisas se iniciaron tras el accidente del 28 de octubre cerca de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas. El organismo ha indicado que no facilitará más detalles en esta fase y que confirmó excepcionalmente la investigación por el interés público suscitado.

Con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigadores han requerido documentación en Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. Fuentes de Adif señalaron que el requerimiento se refería a las actuaciones de renovación y mejora de la línea y que la empresa había entregado la información solicitada y colaborado con la investigación. Sobre el tipo de actuación en Adif, La Sexta recogió que la empresa afirmó que «no se ha practicado ningún registro», mientras que el subtítulo de COPE la describió como registros.

La investigación busca aclarar el destino de una subvención de 111.646.340 euros concedida por la Comisión Europea en junio de 2024, procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La ayuda estaba destinada a renovar la línea, la más antigua de alta velocidad de España, e incluía la sustitución de raíles y traviesas. Según la información publicada sobre el proyecto, las actuaciones previstas abarcaban 435,2 kilómetros e incluían también mejoras en puentes, túneles y drenaje.

Las pesquisas ponen bajo revisión contratos de mantenimiento y renovación, entre ellos los relacionados con la sustitución del sistema de protección ferroviaria LZB por el ERTMS. Adif Alta Velocidad adjudicó en 2021 tres contratos para renovar la línea por un importe conjunto de 136.422.294 euros, según la información sobre esas adjudicaciones. El principal, de 93,8 millones —93,83 millones con IVA según otra cifra publicada—, fue adjudicado a Thales España GRP e incluía la renovación de instalaciones de seguridad, señalización, protección de trenes y telecomunicaciones, así como la implantación del ERTMS en la línea y en el ramal La Sagra-Toledo. El plazo de ejecución era de 52 meses, por lo que el cambio debía estar terminado a principios de 2026.

Un contrato se refería a los circuitos de vía, que detectan la presencia de trenes en un tramo; ABC cifró su importe en 21 millones de euros. La Vanguardia informó además de otro contrato, por 21,5 millones, para la puesta en servicio de los subsistemas de señalización. La Fiscalía Europea ha solicitado los contratos y expedientes de obra de los tramos relacionados con los accidentes. Fuentes de la investigación citadas por La Razón indicaron que, en el momento de sus informaciones, no había personas investigadas ni detenidas en esta causa.

El Tribunal de Cuentas confirmó que los agentes de la UCO solicitaron información sobre su informe de fiscalización, aprobado en diciembre de 2025, acerca de los procedimientos de gestión y control de Adif y Adif-Alta Velocidad en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El informe señaló falta de rigor en la respuesta de Adif a dos denuncias por posibles alteraciones de puntuaciones en procesos de contratación. Adif realizó investigaciones internas y comunicó que no había indicios de infracción; el Tribunal de Cuentas, por su parte, consideró que los informes de valoración no eran transparentes y carecían de motivación suficiente en la asignación de puntuaciones.

La investigación europea es distinta de las causas judiciales abiertas en Toledo y Córdoba para esclarecer las causas de los accidentes y posibles responsabilidades penales. En Urda, la investigación técnica mantiene abiertas todas las hipótesis; un informe preliminar apuntó a una posible avería del LZB y a una sucesión de incidencias, instrucciones y acciones que habría precedido a la colisión. La Fiscalía Europea, en cambio, examina el posible uso indebido de fondos comunitarios. También sigue abierta una investigación europea por las obras de la misma línea tras el accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y en el que murieron 46 personas. En esa causa, iniciada de oficio y conocida en marzo, se investiga el mantenimiento del tramo donde ocurrió el siniestro; la Audiencia Nacional designó al juez José Luis Calama como magistrado de garantías. En la nueva investigación sobre Urda se nombrará a otro juez para esa función.

En el accidente de Urda resultaron heridas centenares de personas. De los 110 viajeros que fueron hospitalizados inicialmente en seis centros de Castilla-La Mancha, 95 ya habían recibido el alta, según los datos difundidos tras el siniestro.