El Supremo exige 647.000 euros a Ábalos, Koldo García y Aldama por corrupción

El Tribunal Supremo ha exigido al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama el abono de un total de 647.000 euros, derivado de su condena por delitos de corrupción en el denominado caso mascarillas. Este requerimiento se produce en la ejecución de la sentencia dictada en junio, y se les ha otorgado un plazo de 15 días para realizar los pagos correspondientes.

Específicamente, el pago exige a Ábalos una multa de 52.500 euros, a Koldo García 45.750 euros y a Victor de Aldama 75.000 euros. Además, los tres condenados deben devolver 430.298 euros, que son las cantidades que obtuvieron ilícitamente en virtud del delito de cohecho. Esta suma debe ser abonada de manera conjunta y solidaria, dado que todos se beneficiaron de las ganancias obtenidas.

Asimismo, José Luis Ábalos y Koldo García deben indemnizar a las empresas públicas Ineco y Tragsatec con cantidades de 34.450 euros y 9.500,54 euros respectivamente, por la contratación de Jéssica Rodríguez, quien fue la expareja de Ábalos. La sentencia asegura que esta contratación fue ilícita y vinculada a los delitos cometidos por los condenados.

El Tribunal ha advertido que, en caso de que no se realicen los pagos dentro del plazo establecido, procederá por la vía de apremio para la recuperación de las cantidades adeudadas.

En relación con las condenas de prisión, el Supremo ha establecido que el exministro Ábalos deberá cumplir un máximo de 15 años y 18 meses. Por su parte, Koldo García, que también fue condenado, tiene un límite de 15 años. En el caso de Victor de Aldama, quien ha colaborado con la justicia, su pena se ha reducido a cuatro años y medio de prisión, aunque este se encuentra en libertad bajo ciertas condiciones.

El tribunal ha determinado que Aldama deberá presentar informes semestrales sobre sus actividades laborales y participar en trabajos en beneficio de la comunidad, condiciones impuestas para mantener su actual estado de libertad.

La ejecución de la sentencia no solo intenta garantizar la recuperación de las cantidades derivadas de los delitos cometidos sino que también establece un marco de cumplimiento de las penas acordadas, buscando así una aplicación efectiva de la justicia.