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El Tribunal Supremo ratifica que García Ortiz pagará 39.000 euros por costas
La decisión confirma los honorarios del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
Publicado: 3 de noviembre de 2026, 15:47
El Tribunal Supremo de España ha confirmado que Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, deberá abonar un total de 39.009 euros correspondientes a los honorarios del abogado y la procuradora de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión se basa en la tasación de costas que se generó tras la condena de García Ortiz por el delito de revelación de secretos.
La letrada de la administración de Justicia de la Sala Penal del Tribunal Supremo desestimó las impugnaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado sobre la cuantía de esta indemnización, argumentando que no se ha probado la existencia de una desproporción evidente en los honorarios del abogado Gabriel Rodríguez-Ramos. Este ha sido tasado en 38.508 euros, mientras que los derechos de la procuradora se han fijado en 501 euros.
El precedente de esta decisión se encuentra en la condena de García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar un correo de sus abogados, lo que llevó a la pareja de Ayuso a reclamar daños. Inicialmente, se había establecido una cifra de honorarios cercana a los 80.000 euros, aunque esta cantidad fue posteriormente reducida a los 39.000 euros actualmente confirmados.
La letrada del Tribunal Supremo, en su actitud hacia la impugnación presentada por las partes acusadoras, afirmó que la cuantificación de los honorarios reflejaba tanto el esfuerzo realizado como la complejidad del caso. En su determinación, consideró las actuaciones llevadas a cabo y el informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, al que se refirió como fundamental para justificar la decisión tomada.
Cabe destacar que la condena inicial de García Ortiz incluye también el deber de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales, y una multa de 7.200 euros. Tras la ratificación de su condena, la situación se encuentra ahora bajo la revisión del Tribunal Constitucional, que aún no ha admitido a trámite las impugnaciones planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En un contexto más amplio, García Ortiz se enfrenta a esta penalización en un momento en que su imagen pública como ex fiscal general ha sufrido un impacto considerable debido a estos eventos. La resolución del Tribunal Supremo acerca de las costas marca un avance en este caso, que ha atraído la atención mediática y pública debido a los vínculos con figuras políticas de relevancia en Madrid.
La letrada de la administración de Justicia de la Sala Penal del Tribunal Supremo desestimó las impugnaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado sobre la cuantía de esta indemnización, argumentando que no se ha probado la existencia de una desproporción evidente en los honorarios del abogado Gabriel Rodríguez-Ramos. Este ha sido tasado en 38.508 euros, mientras que los derechos de la procuradora se han fijado en 501 euros.
El precedente de esta decisión se encuentra en la condena de García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar un correo de sus abogados, lo que llevó a la pareja de Ayuso a reclamar daños. Inicialmente, se había establecido una cifra de honorarios cercana a los 80.000 euros, aunque esta cantidad fue posteriormente reducida a los 39.000 euros actualmente confirmados.
La letrada del Tribunal Supremo, en su actitud hacia la impugnación presentada por las partes acusadoras, afirmó que la cuantificación de los honorarios reflejaba tanto el esfuerzo realizado como la complejidad del caso. En su determinación, consideró las actuaciones llevadas a cabo y el informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, al que se refirió como fundamental para justificar la decisión tomada.
Cabe destacar que la condena inicial de García Ortiz incluye también el deber de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales, y una multa de 7.200 euros. Tras la ratificación de su condena, la situación se encuentra ahora bajo la revisión del Tribunal Constitucional, que aún no ha admitido a trámite las impugnaciones planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En un contexto más amplio, García Ortiz se enfrenta a esta penalización en un momento en que su imagen pública como ex fiscal general ha sufrido un impacto considerable debido a estos eventos. La resolución del Tribunal Supremo acerca de las costas marca un avance en este caso, que ha atraído la atención mediática y pública debido a los vínculos con figuras políticas de relevancia en Madrid.