EconomíaContrastada con 11 fuentes
Orientación de los medios consultados
Medios progresistas 51%Medios conservadores 49%

El Gobierno aprueba el decreto que regula los centros de datos

La norma exige energía renovable y eficiencia hídrica, mientras el sector anuncia recursos y el PP promete derogarla.

Publicado: 20 de noviembre de 2026, 15:58

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad y soberanía digital de los centros de datos en España. La decisión llega antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tras más de 600 alegaciones y la oposición de empresas del sector y de varios gobiernos autonómicos.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que, sin la norma, el despliegue de estas instalaciones supondría un sobrecoste anual de 5.000 millones de euros para los consumidores eléctricos. Según sus cálculos, 4.000 millones procederían de la subida del mercado mayorista por un mayor consumo de gas y otros 1.000 millones, del mecanismo de capacidad. La ministra ha añadido que los consumidores industriales pagarían un 25% más por la electricidad y ha calificado la estimación de conservadora, porque no incorpora los precios energéticos en el contexto de las guerras de Oriente Medio y Ucrania.

La regulación exige a los grandes centros de datos acreditar que el 80% de su consumo eléctrico procede de fuentes renovables, con correspondencia entre la hora de consumo y la de generación. La obligación se mantendrá hasta que las renovables superen el 90% del mix eléctrico nacional.

Esa energía deberá proceder de generación incorporada al sistema como máximo 36 meses antes de la entrada en funcionamiento del centro, con excepciones para instalaciones fotovoltaicas, determinadas plantas de biomasa y repotenciaciones. Para el cálculo se tendrán en cuenta el autoconsumo, el almacenamiento y los contratos de suministro de más de seis años.

El decreto ofrece un régimen transitorio opcional de cinco años a cambio de que los centros acepten la reducción de potencia o su desconexión prioritaria en momentos de tensión de la red. La exigencia será del 60% en las horas punta hasta el 31 de diciembre de 2028 y, desde entonces hasta el final del quinquenio, del 70% en las horas punta y llano. Todos los centros deberán alcanzar el 80% a partir del 1 de enero de 2032.

Los proyectos en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse y acreditar los requisitos, o de tres meses si esperan un concurso de acceso a la red. También podrán renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten sus garantías. Los incumplimientos podrán dar lugar a sanciones, incluida la suspensión durante tres años del derecho de acceso y conexión, y a pagos compensatorios proporcionales a la desviación, cuyos ingresos se destinarán a la retribución de los mecanismos de capacidad.

En materia de agua, los centros deberán alcanzar la categoría A del etiquetado europeo de eficiencia. Aagesen ha indicado que equivale a unos 0,1 litros por kilovatio hora. La exigencia de eficiencia energética se adaptará a las zonas climáticas para atender también al consumo de agua. Hasta que se apliquen el etiquetado europeo y la metodología territorial, el decreto establece límites transitorios de 0,1 para el indicador de eficiencia hídrica y de 1,25 para el de eficiencia energética.

Los centros de más de 500 kilovatios deberán remitir al Ministerio para la Transición Ecológica datos sobre eficiencia y sostenibilidad para su publicación anual. Los de más de un megavatio tendrán que informar también sobre el cumplimiento de las mejores prácticas del código de conducta europeo de eficiencia energética.

En soberanía digital, la norma establece requisitos para los sistemas públicos de categoría alta, aquellos en los que un fallo puede causar perjuicios muy graves, como determinados sistemas sanitarios, fiscales, energéticos o de transporte. Entre las garantías figuran la permanencia de los datos más sensibles en el Espacio Económico Europeo, la disponibilidad de medios para prestar el servicio en la UE o ese espacio y el control de los accesos desde terceros países. Estas obligaciones se aplicarán con independencia de la potencia del centro.

Aagesen ha señalado que ya se han concedido 15.000 megavatios en permisos de acceso para centros de datos: 6.000 en la red de transporte y 9.000 en la de distribución. Unos 3.000 megavatios han aflorado en los últimos tres meses. Según la ministra, hay otros proyectos con más de 20.000 megavatios en espera. Los permisos concedidos equivalen, ha afirmado, a cerca del 40% del consumo eléctrico máximo nacional.

La patronal SpainDC considera que las exigencias son muy difíciles de cumplir, especialmente por la noche y ante el desarrollo limitado del almacenamiento. También rechaza el riesgo de desconexión de instalaciones que deben garantizar la continuidad del servicio. La asociación ha advertido de que hay inversiones en riesgo y prevé recurrir el decreto y solicitar su paralización cautelar. La Comunidad de Madrid también ha confirmado que acudirá a los tribunales, mientras Aragón estudia posibles medidas judiciales.

Multinacionales con España ha pedido una evaluación del impacto económico y más diálogo para garantizar la viabilidad de las exigencias. Ecologistas en Acción ha dado la bienvenida a la regulación como un primer paso, aunque considera que el régimen transitorio debilita parte de su objetivo. El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha afirmado que su partido derogará la norma y aprobará otra que permita el desarrollo de los centros y garantice su sostenibilidad.

El Consejo de Estado avaló la tramitación urgente y el uso de un real decreto, pero formuló observaciones esenciales, entre ellas una mejor justificación de alegaciones rechazadas, del impacto económico y del régimen sancionador. También planteó que la supervisión correspondiera a la Administración pública y que los parámetros fundamentales se modificasen mediante otro real decreto. La CNMC pidió justificar mejor la proporcionalidad de las exigencias y cuestionó aspectos de los recargos previstos por incumplimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo la planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030, con una inversión de 17.142 millones de euros, un 146% más que la planificación vigente. El plan prevé capacidad para atender 47.700 megavatios adicionales de demanda, con prioridad para la conexión de nuevos consumidores. Aagesen ha destacado los 6.000 megavatios previstos para vivienda, que, según ha dicho, permitirían incorporar hasta tres millones de hogares.

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha anunciado además la conversión del Barcelona Supercomputing Center en fundación pública para dotarlo de mayor autonomía de gestión, una red de centros de investigación de interés nacional sobre tecnologías críticas e incentivos empresariales para la investigación y la contratación de personal investigador.

Cómo ha evolucionado esta historia

2 capítulos, del más antiguo al más reciente.

  1. El Consejo de Estado avala con salvedades el decreto de centros de datos

    3 medios

  2. · 13 días después

    El Gobierno aprueba el decreto que regula los centros de datosestás aquí

    11 medios