EconomíaContrastada con 3 fuentes
Progresista 50%Conservador 50%
El Consejo de Estado avala con salvedades el decreto de centros de datos
El Gobierno prevé aprobar la norma el 17 o el 24 de noviembre, tras incorporar cambios al texto antes de las elecciones del día 29.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 15:52
El Consejo de Estado aprobó el viernes por unanimidad y sin votos particulares su dictamen sobre el proyecto de real decreto que regula los requisitos energéticos, medioambientales y de soberanía digital de los centros de datos. El informe, que aún no es público, plantea cuatro salvedades esenciales y otras observaciones, pero no identifica obstáculos cruciales para que el Gobierno continúe su tramitación, según fuentes conocedoras de su contenido.
El Ejecutivo prevé introducir cambios atendiendo a las observaciones del órgano consultivo y llevar la norma al Consejo de Ministros del 17 o del 24 de noviembre, antes de las elecciones del día 29. El dictamen no es vinculante, pero incorporar sus salvedades permitiría aprobar el decreto con la fórmula jurídica de acuerdo con el Consejo de Estado. El debate en el organismo se prolongó hasta el viernes, cuando estaba previsto que concluyera el jueves.
Según las fuentes conocedoras del dictamen, el Consejo avala la tramitación urgente, el uso de un real decreto en lugar de una norma con rango de ley y la capacidad de la Administración central para regular la actividad, frente a las dudas sobre una posible invasión de competencias autonómicas. También respalda los objetivos de la norma y sus requisitos sobre consumo de electricidad y agua y soberanía digital.
Entre sus observaciones, pide justificar mejor el rechazo de algunas alegaciones presentadas durante la audiencia pública, ampliar la estimación del impacto económico sobre las inversiones y detallar la aplicación del régimen sancionador y las penalizaciones. También reclama que la supervisión atribuida a Red Eléctrica y a las distribuidoras quede en manos de la Administración y que se elimine la facultad de cambiar discrecionalmente parámetros como el mínimo de consumo renovable del 80 %, cuya modificación futura propone realizar mediante otro real decreto. Los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía trabajan en los cambios.
El Consejo solicita además, sin considerarlo una salvedad esencial, reforzar la justificación de por qué no es necesario activar el mecanismo europeo TRIS para notificar la norma a Bruselas. Ese trámite conllevaría al menos tres meses de examen. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había considerado necesaria la notificación, especialmente por las referencias a la soberanía tecnológica. La Comisión Europea también recordó al Gobierno los asuntos en los que debe consultarla, tras peticiones de empresas con intereses en España.
El Gobierno revisó previamente el borrador para suavizar algunas exigencias ambientales y de seguridad digital, después de las críticas del sector y de la CNMC. El texto revisado limita los requisitos verdes a los centros de más de 10 megavatios de potencia, frente al umbral de más de un megavatio de la primera versión.
Entre las obligaciones previstas figura asociar las instalaciones a nueva generación eléctrica renovable capaz de cubrir el 80 % de su consumo en cada hora de funcionamiento, mediante contratos de compra a plazo de al menos seis años y baterías. El borrador contempla un periodo transitorio de cinco años, hasta 2031: hasta el 31 de diciembre de 2028 se exigiría cubrir el 60 % del consumo con nueva generación renovable durante las horas punta del nivel de tensión correspondiente; después, y hasta 2031, el porcentaje sería del 70 % en horas punta y llanas.
Los centros acogidos a ese periodo deberán ponerse a disposición de Red Eléctrica para su gestión flexible y podrán ser desconectados si el sistema lo necesita. Tendrán que cumplir los requisitos para participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia, sin recibir la retribución prevista para las grandes industrias, y serán los primeros en desconectarse en caso necesario.
Según los ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital, la norma busca ordenar el despliegue de estas infraestructuras, evitar efectos negativos sobre la competencia por los recursos hídricos y reducir su impacto en la factura eléctrica. La patronal Spain DC, que agrupa a empresas como Amazon, Google y Microsoft, rechaza el texto y advierte de riesgos para inversiones anunciadas por 67.000 millones de euros. También ha afirmado que, desde el primer borrador, 9.000 millones han buscado otros destinos.
La asociación anticipa recursos judiciales si se aprueba el decreto, posibles solicitudes de medidas cautelares para suspender su aplicación y reclamaciones de indemnizaciones por inversiones ya ejecutadas. También podrían recurrir gobiernos autonómicos como los de Madrid y Aragón. El abogado Félix Plasencia, socio de Cuatrecasas, advirtió esta semana de posibles defectos de tramitación, habilitación legal y proporcionalidad que, en ausencia de modificaciones, podrían facilitar la impugnación ante el Tribunal Supremo.
El Ejecutivo prevé introducir cambios atendiendo a las observaciones del órgano consultivo y llevar la norma al Consejo de Ministros del 17 o del 24 de noviembre, antes de las elecciones del día 29. El dictamen no es vinculante, pero incorporar sus salvedades permitiría aprobar el decreto con la fórmula jurídica de acuerdo con el Consejo de Estado. El debate en el organismo se prolongó hasta el viernes, cuando estaba previsto que concluyera el jueves.
Según las fuentes conocedoras del dictamen, el Consejo avala la tramitación urgente, el uso de un real decreto en lugar de una norma con rango de ley y la capacidad de la Administración central para regular la actividad, frente a las dudas sobre una posible invasión de competencias autonómicas. También respalda los objetivos de la norma y sus requisitos sobre consumo de electricidad y agua y soberanía digital.
Entre sus observaciones, pide justificar mejor el rechazo de algunas alegaciones presentadas durante la audiencia pública, ampliar la estimación del impacto económico sobre las inversiones y detallar la aplicación del régimen sancionador y las penalizaciones. También reclama que la supervisión atribuida a Red Eléctrica y a las distribuidoras quede en manos de la Administración y que se elimine la facultad de cambiar discrecionalmente parámetros como el mínimo de consumo renovable del 80 %, cuya modificación futura propone realizar mediante otro real decreto. Los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía trabajan en los cambios.
El Consejo solicita además, sin considerarlo una salvedad esencial, reforzar la justificación de por qué no es necesario activar el mecanismo europeo TRIS para notificar la norma a Bruselas. Ese trámite conllevaría al menos tres meses de examen. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había considerado necesaria la notificación, especialmente por las referencias a la soberanía tecnológica. La Comisión Europea también recordó al Gobierno los asuntos en los que debe consultarla, tras peticiones de empresas con intereses en España.
El Gobierno revisó previamente el borrador para suavizar algunas exigencias ambientales y de seguridad digital, después de las críticas del sector y de la CNMC. El texto revisado limita los requisitos verdes a los centros de más de 10 megavatios de potencia, frente al umbral de más de un megavatio de la primera versión.
Entre las obligaciones previstas figura asociar las instalaciones a nueva generación eléctrica renovable capaz de cubrir el 80 % de su consumo en cada hora de funcionamiento, mediante contratos de compra a plazo de al menos seis años y baterías. El borrador contempla un periodo transitorio de cinco años, hasta 2031: hasta el 31 de diciembre de 2028 se exigiría cubrir el 60 % del consumo con nueva generación renovable durante las horas punta del nivel de tensión correspondiente; después, y hasta 2031, el porcentaje sería del 70 % en horas punta y llanas.
Los centros acogidos a ese periodo deberán ponerse a disposición de Red Eléctrica para su gestión flexible y podrán ser desconectados si el sistema lo necesita. Tendrán que cumplir los requisitos para participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia, sin recibir la retribución prevista para las grandes industrias, y serán los primeros en desconectarse en caso necesario.
Según los ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital, la norma busca ordenar el despliegue de estas infraestructuras, evitar efectos negativos sobre la competencia por los recursos hídricos y reducir su impacto en la factura eléctrica. La patronal Spain DC, que agrupa a empresas como Amazon, Google y Microsoft, rechaza el texto y advierte de riesgos para inversiones anunciadas por 67.000 millones de euros. También ha afirmado que, desde el primer borrador, 9.000 millones han buscado otros destinos.
La asociación anticipa recursos judiciales si se aprueba el decreto, posibles solicitudes de medidas cautelares para suspender su aplicación y reclamaciones de indemnizaciones por inversiones ya ejecutadas. También podrían recurrir gobiernos autonómicos como los de Madrid y Aragón. El abogado Félix Plasencia, socio de Cuatrecasas, advirtió esta semana de posibles defectos de tramitación, habilitación legal y proporcionalidad que, en ausencia de modificaciones, podrían facilitar la impugnación ante el Tribunal Supremo.