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Yolanda Díaz busca reformar el registro horario en empresas pese a la imposibilidad de incrementar multas por decreto
La vicepresidenta del Gobierno enfrenta limitaciones legales para endurecer las sanciones a empresarios que incumplen la jornada laboral.
Publicado: 11 de septiembre de 2025, 07:05
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intenta modificar el registro horario en las empresas españolas a pesar de las limitaciones legales que enfrenta para incrementar las multas a las empresas que incumplen la jornada laboral. Tras no conseguir aprobar su proyecto de ley para reducir la jornada laboral, Díaz ha manifestado su intención de implementar reformas que aseguren un control más estricto.
Una de las principales propuestas es la digitalización del registro horario, lo que permitiría una supervisión más efectiva por parte de la Inspección de Trabajo. Sin embargo, como se ha ratificado en declaraciones recientes, las sanciones actuales no pueden ser elevadas sin la aprobación del Parlamento, lo que limita la capacidad de endurecer las multas a empresas infractoras. En este contexto, el máximo de 7.500 euros por infracción se mantiene, a pesar de que el gobierno había considerado la posibilidad de aumentar esta cifra a 10.000 euros por trabajador afectado.
Este debate se encuentra en un contexto de creciente preocupación por el cumplimiento de normativas laborales, acentuada por condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han señalado la insuficiencia del actual registro horario español. Los expertos han señalado la necesidad de un marco legal más robusto para implementar las reformas propuestas, además de las preocupaciones sobre la capacidad técnica de los pequeños negocios para adaptarse a un sistema digital. Ante la negativa del Congreso a respaldar cambios, Díaz ha esclarecido que cualquier modificación reglamentaria requerirá consulta a los agentes sociales, lo que complica aún más el proceso
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, aunque el registro horario debe modernizarse para cumplir con las directrices europeas y fomentar la transparencia, no se podrá cambiar el régimen sancionador de forma unilateral a través de un decreto. En su lugar, se harán cambios técnicos que obliguen a las empresas a utilizar medios digitales para registrar las horas laboradas, una medida respaldada por sindicatos que consideran un primer paso importante para mejorar la supervisión.
Una de las principales propuestas es la digitalización del registro horario, lo que permitiría una supervisión más efectiva por parte de la Inspección de Trabajo. Sin embargo, como se ha ratificado en declaraciones recientes, las sanciones actuales no pueden ser elevadas sin la aprobación del Parlamento, lo que limita la capacidad de endurecer las multas a empresas infractoras. En este contexto, el máximo de 7.500 euros por infracción se mantiene, a pesar de que el gobierno había considerado la posibilidad de aumentar esta cifra a 10.000 euros por trabajador afectado.
Este debate se encuentra en un contexto de creciente preocupación por el cumplimiento de normativas laborales, acentuada por condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han señalado la insuficiencia del actual registro horario español. Los expertos han señalado la necesidad de un marco legal más robusto para implementar las reformas propuestas, además de las preocupaciones sobre la capacidad técnica de los pequeños negocios para adaptarse a un sistema digital. Ante la negativa del Congreso a respaldar cambios, Díaz ha esclarecido que cualquier modificación reglamentaria requerirá consulta a los agentes sociales, lo que complica aún más el proceso
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, aunque el registro horario debe modernizarse para cumplir con las directrices europeas y fomentar la transparencia, no se podrá cambiar el régimen sancionador de forma unilateral a través de un decreto. En su lugar, se harán cambios técnicos que obliguen a las empresas a utilizar medios digitales para registrar las horas laboradas, una medida respaldada por sindicatos que consideran un primer paso importante para mejorar la supervisión.