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Washington demanda al Gobierno de Trump por su controvertida toma de control del departamento de policía de la capital estadounidense.
El fiscal general del Distrito de Columbia alega un abuso de poder tras el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.
Publicado: 15 de agosto de 2025, 18:48
El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha interpuesto una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, argumentando que su decisión de tomar control de la policía de Washington D.C. es una 'toma hostil' que infringe la autonomía del distrito. Esta demanda surge en medio de un contexto de tensión en la ciudad, donde Trump justificó su intervención con el despliegue de la Guardia Nacional para combatir una 'ola de delitos'. Schwalb afirma que esta acción abusa de la autoridad del gobierno federal y va en contra de la Ley de Autonomía, que limita la intervención federal en el distrito.
La demanda busca que un juez federal declare inconstitucionales las acciones del presidente y de la fiscal general, Pam Bondi, quien designó a un comisario de emergencia, medida calificada de ilegal por los funcionarios del distrito. Schwalb y la alcaldesa Muriel Bowser han expresado su intención de no acatar la orden de Bondi y defienden la autonomía de Washington D.C., poniendo en riesgo la seguridad de la ciudad y elevando la tensión entre el gobierno federal y la administración local.
En un giro significativo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que no tomará el control total del Departamento Metropolitano de Policía de Washington D.C., permitiendo que el cuerpo de seguridad siga bajo la jurisdicción de las autoridades locales. Esta decisión se produjo tras la presión ejercida por la denuncia de Schwalb y una audiencia que sugirió llegar a un acuerdo. A pesar de que Pam Bondi había designado a Terry Cole, director de la DEA, como encargado de la policía, este actuará como un "designado" sin autoridad sobre las operaciones diarias, dejando a Pamela Smith, la jefa del Departamento Metropolitano de Policía, al mando. Schwalb considera este desarrollo una victoria para la autonomía de Washington D.C..
La controversia generada ha dejado planteamientos sobre los límites de la autoridad federal sobre el distrito y puede sentar un importante precedente sobre los derechos de autogobierno de Washington D.C. A medida que la demanda avanza, se intensifica el debate sobre las repercusiones políticas y legales de estas acciones, mientras que datos recientes sugieren que la criminalidad en la ciudad ha disminuido, desafiando el argumento de Trump sobre la necesidad de estas medidas.
La demanda busca que un juez federal declare inconstitucionales las acciones del presidente y de la fiscal general, Pam Bondi, quien designó a un comisario de emergencia, medida calificada de ilegal por los funcionarios del distrito. Schwalb y la alcaldesa Muriel Bowser han expresado su intención de no acatar la orden de Bondi y defienden la autonomía de Washington D.C., poniendo en riesgo la seguridad de la ciudad y elevando la tensión entre el gobierno federal y la administración local.
En un giro significativo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que no tomará el control total del Departamento Metropolitano de Policía de Washington D.C., permitiendo que el cuerpo de seguridad siga bajo la jurisdicción de las autoridades locales. Esta decisión se produjo tras la presión ejercida por la denuncia de Schwalb y una audiencia que sugirió llegar a un acuerdo. A pesar de que Pam Bondi había designado a Terry Cole, director de la DEA, como encargado de la policía, este actuará como un "designado" sin autoridad sobre las operaciones diarias, dejando a Pamela Smith, la jefa del Departamento Metropolitano de Policía, al mando. Schwalb considera este desarrollo una victoria para la autonomía de Washington D.C..
La controversia generada ha dejado planteamientos sobre los límites de la autoridad federal sobre el distrito y puede sentar un importante precedente sobre los derechos de autogobierno de Washington D.C. A medida que la demanda avanza, se intensifica el debate sobre las repercusiones políticas y legales de estas acciones, mientras que datos recientes sugieren que la criminalidad en la ciudad ha disminuido, desafiando el argumento de Trump sobre la necesidad de estas medidas.