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Vidal-Quadras reclama penas de hasta 31 años de prisión por atentado vinculado a Irán
La defensa solicita también una indemnización de 250.000 euros por los daños sufridos.
Publicado: 3 de noviembre de 2026, 15:46
Alejo Vidal-Quadras, exvicepresidente del Parlamento Europeo y cofundador de Vox, ha solicitado penas de prisión que oscilarían entre 10 y 31 años para los acusados del intento de asesinato que sufrió el 9 de noviembre de 2023. Este ataque, según su defensa, fue un encargo del régimen iraní debido a su actividad política en favor de la resistencia iraní, un movimiento que Teherán considera terrorista.
En el escrito de acusación, presentado ante la Audiencia Nacional, Vidal-Quadras demanda 31 años de prisión para Mehrez Ayari, quien se menciona como el autor material del atentado. Además, solicita 26 años para otros miembros implicados en la organización criminal, como Naraya Gómez y Chahinez Kadid, y 10 años para Adrián Ruiz, quien presuntamente facilitaría la moto utilizada durante el ataque.
El documento resalta que los acusados habrían operado como parte de un grupo organizado, el cual supuestamente lleva a cabo operativos encargados por el gobierno iraní para eliminar a disidentes políticos. Se enfatiza que la actividad de Vidal-Quadras en favor de la resistencia iraní lo convirtió en un "objetivo" para el régimen, que en 2022 lo incluyó en una lista oficial de personas sancionadas.
La defensa también ha solicitado que se les imponga a los acusados la obligación de indemnizar a Vidal-Quadras con un monto estimado en 250.000 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos tras el ataque. Este atentado dejó como secuelas una pérdida de audición severa y episodios de depresión que obligaron a su tratamiento médico durante más de 100 días, de los cuales 14 requirieron hospitalización.
El intento de asesinato se produjo en Madrid, donde Vidal-Quadras fue interceptado por Ayari, quien le disparó en la región facial. Según expertos, el disparo no fue letal gracias a un rápido aviso a los servicios de emergencia y la asistencia de un ciudadano que le brindó primeros auxilios.
La Fiscalía, que también actúa en este caso, ha solicitado penas de cárcel que son algo inferiores a las demandadas por la defensa, igualmente demandando 27 años para Ayari y 23 para Gómez, ajustándose a su papel en el atentado. Sin embargo, las solicitudes de la defensa enfatizan el contexto de la operación como un intento claramente planificado de eliminación de un opositor político.
Adicionalmente, se sugiere que el esquema operacional para este tipo de ataques ha cambiado, siendo más común el uso de sicarios y grupos criminales como una táctica para diluir la responsabilidad estatal de Irán en la ejecución de estos actos violentos. Al respecto, se alegan antecedentes de atentados similares a disidentes iraníes en Europa, lo que plantea preocupaciones sobre el uso de criminales locales como intermediarios en represarías ordenadas por el régimen iraní.
Finalmente, Vidal-Quadras se destaca por su papel histórico en la oposición a la dictadura iraní, habiendo sido defensor del Consejo Nacional de Resistencia de Irán en el Parlamento Europeo, lo que lo ha posicionado como figura clave en las tensiones entre Occidente y el régimen iraní.
En el escrito de acusación, presentado ante la Audiencia Nacional, Vidal-Quadras demanda 31 años de prisión para Mehrez Ayari, quien se menciona como el autor material del atentado. Además, solicita 26 años para otros miembros implicados en la organización criminal, como Naraya Gómez y Chahinez Kadid, y 10 años para Adrián Ruiz, quien presuntamente facilitaría la moto utilizada durante el ataque.
El documento resalta que los acusados habrían operado como parte de un grupo organizado, el cual supuestamente lleva a cabo operativos encargados por el gobierno iraní para eliminar a disidentes políticos. Se enfatiza que la actividad de Vidal-Quadras en favor de la resistencia iraní lo convirtió en un "objetivo" para el régimen, que en 2022 lo incluyó en una lista oficial de personas sancionadas.
La defensa también ha solicitado que se les imponga a los acusados la obligación de indemnizar a Vidal-Quadras con un monto estimado en 250.000 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos tras el ataque. Este atentado dejó como secuelas una pérdida de audición severa y episodios de depresión que obligaron a su tratamiento médico durante más de 100 días, de los cuales 14 requirieron hospitalización.
El intento de asesinato se produjo en Madrid, donde Vidal-Quadras fue interceptado por Ayari, quien le disparó en la región facial. Según expertos, el disparo no fue letal gracias a un rápido aviso a los servicios de emergencia y la asistencia de un ciudadano que le brindó primeros auxilios.
La Fiscalía, que también actúa en este caso, ha solicitado penas de cárcel que son algo inferiores a las demandadas por la defensa, igualmente demandando 27 años para Ayari y 23 para Gómez, ajustándose a su papel en el atentado. Sin embargo, las solicitudes de la defensa enfatizan el contexto de la operación como un intento claramente planificado de eliminación de un opositor político.
Adicionalmente, se sugiere que el esquema operacional para este tipo de ataques ha cambiado, siendo más común el uso de sicarios y grupos criminales como una táctica para diluir la responsabilidad estatal de Irán en la ejecución de estos actos violentos. Al respecto, se alegan antecedentes de atentados similares a disidentes iraníes en Europa, lo que plantea preocupaciones sobre el uso de criminales locales como intermediarios en represarías ordenadas por el régimen iraní.
Finalmente, Vidal-Quadras se destaca por su papel histórico en la oposición a la dictadura iraní, habiendo sido defensor del Consejo Nacional de Resistencia de Irán en el Parlamento Europeo, lo que lo ha posicionado como figura clave en las tensiones entre Occidente y el régimen iraní.