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Valencia se enfrenta a la pérdida de 150 millones de euros por la negativa a implantar una zona de bajas emisiones
La alcaldesa Catalá y su gobierno se niegan a adoptar medidas climáticas requeridas, poniendo en riesgo fondos europeos y subvenciones clave.
Publicado: 24 de diciembre de 2025, 14:21
La ciudad de Valencia se encuentra en una encrucijada crítica debido a la negativa del gobierno local, liderado por el Partido Popular (PP) y Vox, para implantar una zona de bajas emisiones (ZBE). Esta decisión podría resultar en la pérdida de hasta 150 millones de euros en ayudas y subvenciones, afectando el presupuesto municipal y el bienestar de los ciudadanos. La oposición ha criticado esta negativa, argumentando que podría derivar en sanciones significativas.
La alcaldesa María José Catalá ha minimizado el impacto de estas decisiones y argumenta que las pérdidas son infladas. Sin embargo, la omisión de la ZBE podría acarrear sanciones del Ministerio de Transportes, afectando en el futuro el presupuesto municipal. La oposición, compuesta por PSPV y Compromís, ha presentado alternativas para una ZBE, pero han sido rechazadas por el gobierno local.
El cumplimiento de las normativas ambientales es crucial no solo para la salud pública y el medio ambiente, sino también para la viabilidad económica de la ciudad. La negativa actual puede obstaculizar proyectos urbanísticos esenciales y dejar a Valencia como la única gran ciudad española sin esta normativa, lo que generará repercusiones económicas a largo plazo.
La alcaldesa María José Catalá ha minimizado el impacto de estas decisiones y argumenta que las pérdidas son infladas. Sin embargo, la omisión de la ZBE podría acarrear sanciones del Ministerio de Transportes, afectando en el futuro el presupuesto municipal. La oposición, compuesta por PSPV y Compromís, ha presentado alternativas para una ZBE, pero han sido rechazadas por el gobierno local.
El cumplimiento de las normativas ambientales es crucial no solo para la salud pública y el medio ambiente, sino también para la viabilidad económica de la ciudad. La negativa actual puede obstaculizar proyectos urbanísticos esenciales y dejar a Valencia como la única gran ciudad española sin esta normativa, lo que generará repercusiones económicas a largo plazo.