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Universidades de Madrid convocan huelga ante la falta de financiación y la nueva ley de Ayuso que limita la libertad de expresión
Estudiantes y profesores se movilizan contra la infrafinanciación y la controvertida ley que recorta derechos académicos en el sistema universitario madrileño.
Publicado: 26 de noviembre de 2025, 07:53
Las seis universidades públicas de Madrid han convocado una huelga en respuesta a la crónica infrafinanciación y las nuevas restricciones impuestas por la ley de educación superior, conocida como LESUC. La Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas busca visibilizar el descontento ante un presupuesto que lleva años por debajo del 1% del PIB, causando deterioro en las aulas y condiciones laborales precarias para el personal académico.
La nueva ley ha generado controversia al establecer sanciones para estudiantes que participen en protestas y actividades de concienciación, creando un clima de miedo en los campus. El primer día de huelga ha visto un seguimiento masivo, especialmente en la Universidad Complutense, donde las aulas permanecieron prácticamente vacías, y se decretó un paro académico en varias facultades. Las movilizaciones programadas incluyen encierros y piquetes, y tienen como objetivo no solo detener la implementación de esta ley, sino también reclamar financiamiento adecuado y asegurar la autonomía de las universidades públicas.
Se prevé un aumento en la competencia por plazas y una reducción de la calidad educativa debido a la política de privatización. En este contexto, los rectores de las universidades han señalado el grave riesgo que enfrentan debido a la infrafinanciación, con una cifra de recortes que alcanzan hasta el 18% respecto a 2008. Los actos incluyen concentraciones y manifestaciones, enfatizando la determinación de la comunidad universitaria en su lucha por mejores condiciones y el respeto a la libertad académica.
A pesar de las promesas de inversión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la Complutense ha tenido que solicitar un crédito para cubrir nóminas, y se ha informado que la Rey Juan Carlos podría estar en una situación crítica económica. Las comunidades universitarias se están uniendo para exigir que la Comunidad de Madrid destine al menos el 1% del PIB a sus centros, frente a una actual inversión que apenas alcanza el 0,4%. Las movilizaciones continuarán hasta que se consiga una mejora real en la financiación y en la legislación educativa que protege sus derechos.
La nueva ley ha generado controversia al establecer sanciones para estudiantes que participen en protestas y actividades de concienciación, creando un clima de miedo en los campus. El primer día de huelga ha visto un seguimiento masivo, especialmente en la Universidad Complutense, donde las aulas permanecieron prácticamente vacías, y se decretó un paro académico en varias facultades. Las movilizaciones programadas incluyen encierros y piquetes, y tienen como objetivo no solo detener la implementación de esta ley, sino también reclamar financiamiento adecuado y asegurar la autonomía de las universidades públicas.
Se prevé un aumento en la competencia por plazas y una reducción de la calidad educativa debido a la política de privatización. En este contexto, los rectores de las universidades han señalado el grave riesgo que enfrentan debido a la infrafinanciación, con una cifra de recortes que alcanzan hasta el 18% respecto a 2008. Los actos incluyen concentraciones y manifestaciones, enfatizando la determinación de la comunidad universitaria en su lucha por mejores condiciones y el respeto a la libertad académica.
A pesar de las promesas de inversión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la Complutense ha tenido que solicitar un crédito para cubrir nóminas, y se ha informado que la Rey Juan Carlos podría estar en una situación crítica económica. Las comunidades universitarias se están uniendo para exigir que la Comunidad de Madrid destine al menos el 1% del PIB a sus centros, frente a una actual inversión que apenas alcanza el 0,4%. Las movilizaciones continuarán hasta que se consiga una mejora real en la financiación y en la legislación educativa que protege sus derechos.