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Universidades andaluzas rechazan actos de Vito Quiles por riesgos a la seguridad y convivencia académica
La Universidad de Granada, la de Málaga y la Pablo de Olavide se niegan a autorizar la gira 'España Combativa' tras altercados previos.
Publicado: 20 de octubre de 2025, 19:12
En un escenario marcado por la creciente tensión social, las universidades públicas andaluzas han tomado una posición clara y contundente al rechazar la realización de eventos promovidos por Vito Quiles, conocido agitador de ultraderecha, en sus campus. La Universidad de Granada, la Universidad de Málaga y la Universidad Pablo de Olavide han emitido comunicados afirmando que no han recibido solicitudes para la utilización de sus espacios y, por tanto, no autorizan los actos que Quiles dice tener previsto realizar como parte de su gira 'España Combativa'.
La negativa se basa en la priorización de la seguridad y la convivencia en los campus, principios comprometidos por la naturaleza de estos eventos. Se hace referencia a altercados ocurridos en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde se evidencian los riesgos asociados al permitir la presencia de figuras polémicas como Quiles en entornos académicos. Las universidades andaluzas se muestran firmes en su compromiso de asegurar un marco que respete principios constitucionales y defienda el normal desarrollo de la actividad académica.
En el contexto actual, la situación de las universidades públicas en Madrid ha resaltado la preocupante crisis financiera que afecta a muchas instituciones educativas en España. Universitarios y trabajadores de la pública se están organizando para llevar a cabo dos días de huelga el próximo mes de noviembre para reclamar una financiación al 100% de sus universidades, tal como ha denunciado la coordinadora de plataformas de universidades públicas.
Esta serie de huelgas y manifestaciones previstas se enmarca dentro de una creciente preocupación por la financiación de la educación pública, la cual es incompatible con la precariedad laboral y los recortes impuestos por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es criticado por destinar el menor porcentaje de su presupuesto a las universidades públicas en comparación con otras comunidades autónomas. Con la preocupación por la seguridad de la comunidad académica y los conflictos de financiación en el horizonte, la postura de estas universidades andaluzas refleja una tendencia a limitar actividades que puedan poner en riesgo el orden y la convivencia pacífica dentro de sus instalaciones.
La negativa se basa en la priorización de la seguridad y la convivencia en los campus, principios comprometidos por la naturaleza de estos eventos. Se hace referencia a altercados ocurridos en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde se evidencian los riesgos asociados al permitir la presencia de figuras polémicas como Quiles en entornos académicos. Las universidades andaluzas se muestran firmes en su compromiso de asegurar un marco que respete principios constitucionales y defienda el normal desarrollo de la actividad académica.
En el contexto actual, la situación de las universidades públicas en Madrid ha resaltado la preocupante crisis financiera que afecta a muchas instituciones educativas en España. Universitarios y trabajadores de la pública se están organizando para llevar a cabo dos días de huelga el próximo mes de noviembre para reclamar una financiación al 100% de sus universidades, tal como ha denunciado la coordinadora de plataformas de universidades públicas.
Esta serie de huelgas y manifestaciones previstas se enmarca dentro de una creciente preocupación por la financiación de la educación pública, la cual es incompatible con la precariedad laboral y los recortes impuestos por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es criticado por destinar el menor porcentaje de su presupuesto a las universidades públicas en comparación con otras comunidades autónomas. Con la preocupación por la seguridad de la comunidad académica y los conflictos de financiación en el horizonte, la postura de estas universidades andaluzas refleja una tendencia a limitar actividades que puedan poner en riesgo el orden y la convivencia pacífica dentro de sus instalaciones.