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Una propietaria de 86 años de España y su lucha por 40.000 euros tras no poder desalojar a su inquilina
La situación revela la fragilidad de los derechos de los propietarios frente a la protección social de los inquilinos en Europa.
Publicado: 18 de enero de 2026, 03:06
En un escenario donde la protección de los inquilinos ha cobrado un gran protagonismo, una propietaria de 86 años se encuentra en medio de un pleito legal que pone a prueba el equilibrio entre derechos de arrendatarios y propietarios. En España, esta mujer reclama más de 40.000 euros al Estado tras sufrir más de dos años sin recibir el alquiler de su inquilina. Mientras tanto, una situación paralela en Francia muestra cómo una mujer de la misma edad lucha contra obstáculos semejantes para recuperar su propiedad en un contexto jurídico igualmente complicado.
La anciana española comenzó su odisea hace 27 meses, cuando su inquilina dejó de cumplir con los pagos acordados, generando una deuda de casi 31.000 euros. Luego de iniciar los trámites para recuperar su inmueble, descubrió que el proceso judicial se estaba parando debido a informes sociales que consideraban a la arrendataria como susceptible de situaciones de vulnerabilidad. Esto obligó a la propietaria a cargar con las consecuencias económicas de una crisis de vivienda, generando en ella un profundo sentimiento de indefensión.
Ambas historias ilustran la dificultad que enfrentan los propietarios debido a legislaciones que buscan proteger a los inquilinos, a menudo a expensas de los derechos de aquellos que se ven despojados de su inversión y medio de subsistencia. Las demandas de estas mujeres son un grito de auxilio que podría sentar un precedente significativo en la relación entre propietarios y el Estado, destacando la necesidad de un equilibrio real y justo en el mercado de alquiler.
La anciana española comenzó su odisea hace 27 meses, cuando su inquilina dejó de cumplir con los pagos acordados, generando una deuda de casi 31.000 euros. Luego de iniciar los trámites para recuperar su inmueble, descubrió que el proceso judicial se estaba parando debido a informes sociales que consideraban a la arrendataria como susceptible de situaciones de vulnerabilidad. Esto obligó a la propietaria a cargar con las consecuencias económicas de una crisis de vivienda, generando en ella un profundo sentimiento de indefensión.
Ambas historias ilustran la dificultad que enfrentan los propietarios debido a legislaciones que buscan proteger a los inquilinos, a menudo a expensas de los derechos de aquellos que se ven despojados de su inversión y medio de subsistencia. Las demandas de estas mujeres son un grito de auxilio que podría sentar un precedente significativo en la relación entre propietarios y el Estado, destacando la necesidad de un equilibrio real y justo en el mercado de alquiler.