Progresista 64.5%Conservador 35.5%
Una jueza investiga a los exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus en un hito judicial relevante
La magistrada admite a trámite la querella de cinco empresarios, abordando por primera vez el uso de software de espionaje en el independentismo.
Publicado: 22 de septiembre de 2025, 11:57
Una jueza de Barcelona ha decidido investigar a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por su implicación en el espionaje a líderes independentistas con los softwares Pegasus y Candiru, tras la admisión a trámite de una querella presentada por cinco afectados. Este avance representa la primera vez que se indaga el papel del instituto armado en este tipo de espionaje, lo que ha suscitado gran interés en el ámbito político español.
La magistrada Míriam de Rosa Palacio resolvió admitir a trámite la querella el 30 de abril de este año, considerando que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, así como acceso ilegal a sistemas informáticos. La querella no solo apunta a Azón y Gámez, sino también a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y altos directivos de NSO Group, la empresa que desarrolla Pegasus. Los querellantes, entre los que se encuentra el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala, han solicitado la investigación de Candiru, un software cuyo uso hasta ahora no ha sido admitido por el gobierno español.
Los demandantes afirman que, en un episodio preocupante, uno de ellos fue espiado mientras se encontraba en Suiza, lo que podría implicar una grave vulneración de soberanía. La jueza ha acordado que la investigación incluya la desclasificación de documentos relevantes, así como el análisis de dispositivos de los querellantes por parte de los Mossos d'Esquadra para verificar la posible contaminación de sus datos.
En una declaración, Joan Arús, presidente de la asociación Sentinel Alliance y uno de los querellantes, enfatizó que la querella no busca únicamente justicia individual, sino también arrojar luz sobre el uso de herramientas que degradan la democracia desde dentro. La admisión de esta querella podría marcar un nuevo capítulo en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas en el contexto del espionaje político en España.
Los querellantes también han resaltado la importancia de esta acción legal tras la reciente desestimación de una denuncia similar en la Audiencia Nacional por cuestiones de competencia territorial, lo que demuestra un cambio significativo en la disposición de los tribunales para abordar estos casos de espionaje que han afectado al independentismo catalán. Por lo tanto, esta decisión judicial no solo es un hito, sino también una respuesta a las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de espionaje en contextos políticos.
Al ser la primera vez que se investigan a estos altos mandos de la Guardia Civil en relación con el espionaje, se prevé que este proceso judicial siente un precedente importante para futuras investigaciones sobre la fiscalización de los poderes del Estado en asuntos de privacidad y derechos individuales, buscando así una mayor transparencia en el trato de la privacidad ciudadana.
La magistrada Míriam de Rosa Palacio resolvió admitir a trámite la querella el 30 de abril de este año, considerando que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, así como acceso ilegal a sistemas informáticos. La querella no solo apunta a Azón y Gámez, sino también a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y altos directivos de NSO Group, la empresa que desarrolla Pegasus. Los querellantes, entre los que se encuentra el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala, han solicitado la investigación de Candiru, un software cuyo uso hasta ahora no ha sido admitido por el gobierno español.
Los demandantes afirman que, en un episodio preocupante, uno de ellos fue espiado mientras se encontraba en Suiza, lo que podría implicar una grave vulneración de soberanía. La jueza ha acordado que la investigación incluya la desclasificación de documentos relevantes, así como el análisis de dispositivos de los querellantes por parte de los Mossos d'Esquadra para verificar la posible contaminación de sus datos.
En una declaración, Joan Arús, presidente de la asociación Sentinel Alliance y uno de los querellantes, enfatizó que la querella no busca únicamente justicia individual, sino también arrojar luz sobre el uso de herramientas que degradan la democracia desde dentro. La admisión de esta querella podría marcar un nuevo capítulo en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas en el contexto del espionaje político en España.
Los querellantes también han resaltado la importancia de esta acción legal tras la reciente desestimación de una denuncia similar en la Audiencia Nacional por cuestiones de competencia territorial, lo que demuestra un cambio significativo en la disposición de los tribunales para abordar estos casos de espionaje que han afectado al independentismo catalán. Por lo tanto, esta decisión judicial no solo es un hito, sino también una respuesta a las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de espionaje en contextos políticos.
Al ser la primera vez que se investigan a estos altos mandos de la Guardia Civil en relación con el espionaje, se prevé que este proceso judicial siente un precedente importante para futuras investigaciones sobre la fiscalización de los poderes del Estado en asuntos de privacidad y derechos individuales, buscando así una mayor transparencia en el trato de la privacidad ciudadana.