Una jueza federal ordena el cierre de la controvertida megacárcel 'Alligator Alcatraz' por daños ambientales en 60 días

Una jueza federal en Miami ha ordenado el desmantelamiento del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' debido a daños irreparables al ecosistema de los Everglades. La magistrada Kathleen Williams estableció un plazo de 60 días para el cierre de la instalación, que fue inaugurada por la administración de Donald Trump y había sido objeto de críticas por su impacto ambiental. La decisión prohíbe la llegada de nuevos migrantes y se considera un resultado favorable para grupos ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee que demandaron por el cierre del centro. La jueza resaltó que la operación del centro violaba principios de protección ambiental prometidos por las autoridades durante décadas. Además, la orden judicial prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional en el sitio, como tiendas de campaña, dormitorios y oficinas, y se exige que se eliminen los cercos, la iluminación industrial y las instalaciones de gas, drenaje y desechos. Con una capacidad que llegó a ser de 1.400 personas, las condiciones dentro de 'Alligator Alcatraz' eran precarias, con problemas de hacinamiento y sanidad, y se había dimensionado para potencialmente albergar hasta 4.000 detenidos. La demanda presentada por organizaciones como Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, junto con la tribu Miccosukee, alegó que la construcción y operación del centro perjudicaban severamente el hábitat natural, que alberga 36 especies endémicas amenazadas, como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos. A medida que se aproxima el cierre, las autoridades de Florida deberán retirar las infraestructuras relacionadas y permitir el paso de la tribu Miccosukee. A pesar de la orden, hay incertidumbre sobre el cumplimiento de la misma, ya que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza Kathleen Williams, lo que podría prolongar la batalla legal sobre el futuro del centro de detención.