Progresista 69.3%Conservador 30.7%
Una jueza federal bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Portland ante el intento de Trump de militarizar la ciudad
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y los estados de California y Oregón.
Publicado: 6 de octubre de 2025, 12:24
Una jueza federal en Oregón, Karin Immergut, ha emitido una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de California y de otros estados en Portland. Esta decisión se produjo el domingo, horas después de que la Casa Blanca anunciara la movilización de centenares de efectivos de la Guardia Nacional en respuesta a las protestas en la ciudad. La jueza argumentó que el despliegue era ilegal y podría causar "daños irreparables". Los gobernadores de California y Oregón han denunciado el uso de fuerzas militares en respuesta a lo que consideran una situación que no justifica intervención militar.
El fiscal general de Oregón enfatizó que lo declarado ilegal para la Guardia Nacional de Oregón también se aplica a la de California, destacando la tensión entre el poder federal y los gobiernos estatales demócratas. Esta decisión judicial es vista como un intento de preservar el statu quo y prevenir el despliegue militar no justificado en Portland, donde no se considera que haya una insurrección. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y la ciudad de Chicago han presentado una demanda contra el Gobierno de Trump por su decisión de enviar soldados de la Guardia Nacional a proteger edificios federales, argumentando que esto es un uso ilegal y excesivo de militares sin autorización estatal. Los eventos en Portland podrían sentar un importante precedente para futuras interacciones entre el gobierno federal y los estados, en medio de un clima político polarizado en Estados Unidos que está viendo una intensificación de las acciones presidenciales para militarizar áreas urbanas, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas. Las protestas en estas ciudades, que se habían catalogado como no violentas, han llevado a la administración Trump a considerar estas acciones como necesarias en un contexto de lo que el presidente describe como crimen desbordado y una "invasión" de fuerzas opuestas. Esta violación a las decisiones judiciales ha provocado una reacción fuerte por parte de los gobernadores de los estados afectados, quienes han denunciado públicamente la estrategia del presidente de actuar sin el consentimiento de las autoridades locales. La situación en Portland no solo está en el centro de este conflicto, sino que refleja una batalla más amplia entre la administración de Trump y los líderes de estados demócratas, donde el despliegue de la Guardia Nacional se ha convertido en un tema controvertido que podría tener repercusiones a largo plazo en la política americana.
El fiscal general de Oregón enfatizó que lo declarado ilegal para la Guardia Nacional de Oregón también se aplica a la de California, destacando la tensión entre el poder federal y los gobiernos estatales demócratas. Esta decisión judicial es vista como un intento de preservar el statu quo y prevenir el despliegue militar no justificado en Portland, donde no se considera que haya una insurrección. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y la ciudad de Chicago han presentado una demanda contra el Gobierno de Trump por su decisión de enviar soldados de la Guardia Nacional a proteger edificios federales, argumentando que esto es un uso ilegal y excesivo de militares sin autorización estatal. Los eventos en Portland podrían sentar un importante precedente para futuras interacciones entre el gobierno federal y los estados, en medio de un clima político polarizado en Estados Unidos que está viendo una intensificación de las acciones presidenciales para militarizar áreas urbanas, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas. Las protestas en estas ciudades, que se habían catalogado como no violentas, han llevado a la administración Trump a considerar estas acciones como necesarias en un contexto de lo que el presidente describe como crimen desbordado y una "invasión" de fuerzas opuestas. Esta violación a las decisiones judiciales ha provocado una reacción fuerte por parte de los gobernadores de los estados afectados, quienes han denunciado públicamente la estrategia del presidente de actuar sin el consentimiento de las autoridades locales. La situación en Portland no solo está en el centro de este conflicto, sino que refleja una batalla más amplia entre la administración de Trump y los líderes de estados demócratas, donde el despliegue de la Guardia Nacional se ha convertido en un tema controvertido que podría tener repercusiones a largo plazo en la política americana.