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Una jueza de Estados Unidos declara inconstitucional la orden de Trump para exigir pruebas de nacionalidad a votantes
La magistrada resalta que la regulación de las elecciones federales corresponde a los estados y al Congreso, no al presidente.
Publicado: 1 de noviembre de 2025, 12:58
En un destacado fallo judicial, la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva firmada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que requería la presentación de pruebas documentales para certificar la ciudadanía de los votantes. En su decisión, subraya que la responsabilidad de regular las elecciones federales corresponde a los estados y al Congreso, no al presidente.
La controversia gira en torno a la orden ejecutiva emitida en marzo de 2025 por Trump, que incluía preguntas sobre la nacionalidad en los formularios de registro electoral. Kollar-Kotelly considera esta medida ilegal, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para modificar formularios regulados por el Congreso y que representa un exceso de poder presidencial. Asimismo, la jueza ha bloqueado previamente varios apartados clave de esta orden de manera cautelar, reafirmando que Trump ha excedido su autoridad al emitir una 'orden' instruyendo a una comisión independiente para requerir cambios a un documento cuyo contenido el Congreso ha regulado estrictamente.
Este fallo es significativo en la discusión sobre los derechos electorales y la separación de poderes, destacando la importancia de mantener la autonomía de los estados en la regulación de procesos electorales, especialmente en un contexto donde la retórica del Partido Republicano ha alimentado teorías sobre el registro de inmigrantes indocumentados que amenazan la integridad electoral. A pesar de las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral por parte de no ciudadanos, los casos documentados de tal actividad son sumamente escasos, lo que pone en duda la necesidad de la medida impugnada.
La controversia gira en torno a la orden ejecutiva emitida en marzo de 2025 por Trump, que incluía preguntas sobre la nacionalidad en los formularios de registro electoral. Kollar-Kotelly considera esta medida ilegal, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para modificar formularios regulados por el Congreso y que representa un exceso de poder presidencial. Asimismo, la jueza ha bloqueado previamente varios apartados clave de esta orden de manera cautelar, reafirmando que Trump ha excedido su autoridad al emitir una 'orden' instruyendo a una comisión independiente para requerir cambios a un documento cuyo contenido el Congreso ha regulado estrictamente.
Este fallo es significativo en la discusión sobre los derechos electorales y la separación de poderes, destacando la importancia de mantener la autonomía de los estados en la regulación de procesos electorales, especialmente en un contexto donde la retórica del Partido Republicano ha alimentado teorías sobre el registro de inmigrantes indocumentados que amenazan la integridad electoral. A pesar de las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral por parte de no ciudadanos, los casos documentados de tal actividad son sumamente escasos, lo que pone en duda la necesidad de la medida impugnada.