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Una anciana propietaria de 86 años reclama más de 40.000 euros tras dos años sin cobrar el alquiler por bloqueos administrativos
Dos casos en España y Francia muestran las complicaciones legales que enfrentan los propietarios ante inquilinos morosos en un contexto de crisis habitacional.
Publicado: 19 de enero de 2026, 16:22
En un panorama cada vez más complejo para los propietarios de inmuebles, dos mujeres de 86 años, una en España y otra en Francia, han puesto de relieve las dificultades que enfrentan ante la imposibilidad de desalojar a inquilinos morosos. Ambas han presentado reclamaciones de indemnización que ascienden a cifras cercanas a los 40.000 euros, reflejando cómo los sistemas legales actuales dificultan la recuperación de los derechos de propiedad.
El caso español involucra a una propietaria que ha permanecido dos años sin cobrar el alquiler de su inmueble, acumulando una deuda de casi 31.000 euros debido a la falta de pago por parte de su inquilina. Pese a haber intentado desahuciarla, la mujer se ha encontrado con una serie de bloqueos administrativos, incluidos informes de servicios sociales que consideran a la inquilina como vulnerable, lo que ha retrasado su recuperación de la propiedad. En este contexto, la anciana ha decidido demandar al Estado por un total de 40.320 euros, argumentando que la Administración debe asumir la responsabilidad patrimonial por su prolongada inacción.
Por otro lado, la propietaria francesa enfrenta una situación similar tras alquilar un apartamento en París. El proceso de desalojo se ha visto obstaculizado por una moratoria invernal que prohibió los desalojos durante los meses de frío, así como por la negativa de la policía a ayudar en la ejecución de la sentencia después de que la inquilina dejara de pagar. La anciana finalmente logró el desalojo, pero no sin antes haber requerido una acción judicial que demoró significativamente su derecho a recuperar el inmueble.
El caso español involucra a una propietaria que ha permanecido dos años sin cobrar el alquiler de su inmueble, acumulando una deuda de casi 31.000 euros debido a la falta de pago por parte de su inquilina. Pese a haber intentado desahuciarla, la mujer se ha encontrado con una serie de bloqueos administrativos, incluidos informes de servicios sociales que consideran a la inquilina como vulnerable, lo que ha retrasado su recuperación de la propiedad. En este contexto, la anciana ha decidido demandar al Estado por un total de 40.320 euros, argumentando que la Administración debe asumir la responsabilidad patrimonial por su prolongada inacción.
Por otro lado, la propietaria francesa enfrenta una situación similar tras alquilar un apartamento en París. El proceso de desalojo se ha visto obstaculizado por una moratoria invernal que prohibió los desalojos durante los meses de frío, así como por la negativa de la policía a ayudar en la ejecución de la sentencia después de que la inquilina dejara de pagar. La anciana finalmente logró el desalojo, pero no sin antes haber requerido una acción judicial que demoró significativamente su derecho a recuperar el inmueble.