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Un juez solicita pruebas a Francisco Javier Martínez Peromingo sobre su oposición a los protocolos en residencias durante la pandemia
El magistrado investiga las polémicas directrices que supuestamente causaron discriminación en la atención de mayores en residencias.
Publicado: 15 de diciembre de 2025, 02:39
Un juez ha solicitado al médico Francisco Javier Martínez Peromingo que presente pruebas documentales sobre su oposición a los controvertidos 'Protocolos de la Vergüenza', en el marco de una investigación sobre más de 7,000 muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Peromingo es la única figura de alto rango del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ha comparecido ante el juzgado, donde ha manifestado su desacuerdo con los criterios discriminatorios que excluían a pacientes con dependencia.
La declaración de Peromingo es clave ya que enfrenta acusaciones de contribuir a un posible delito de discriminación en la atención médica, mientras que su testimonio ha desviado la culpa hacia Carlos Mur, otro imputado que no ha comparecido ante la justicia. La ausencia de estos altos cargos en las investigaciones ha generado tensión, así como la insistencia de las familias de las víctimas en que se profundice en la investigación judicial sobre las muertes en residencias.
Los protocolos aplicados desde marzo de 2020 han sido criticados por su contenido discriminatorio, y a medida que avanza el caso, emergen detalles que podrían revelar injusticias en la atención a personas mayores durante la crisis sanitaria.
La declaración de Peromingo es clave ya que enfrenta acusaciones de contribuir a un posible delito de discriminación en la atención médica, mientras que su testimonio ha desviado la culpa hacia Carlos Mur, otro imputado que no ha comparecido ante la justicia. La ausencia de estos altos cargos en las investigaciones ha generado tensión, así como la insistencia de las familias de las víctimas en que se profundice en la investigación judicial sobre las muertes en residencias.
Los protocolos aplicados desde marzo de 2020 han sido criticados por su contenido discriminatorio, y a medida que avanza el caso, emergen detalles que podrían revelar injusticias en la atención a personas mayores durante la crisis sanitaria.