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Un juez prohíbe a Trump las redadas migratorias basadas en perfil racial en California tras la muerte de un trabajador
La decisión judicial responde a una demanda que denuncia violaciones de derechos humanos durante las recientes redadas migratorias.
Publicado: 12 de julio de 2025, 11:56
En un escueto pero contundente fallo, la jueza federal Maame Ewusi Mensah Frimpong ha prohibido al gobierno de Donald Trump realizar arrestos de migrantes en California basados en perfiles raciales. La decisión se produjo el 12 de julio de 2025 en respuesta a una demanda presentada por migrantes afectados y organizaciones defensoras de los derechos humanos en medio de una intensificación de las redadas migratorias en los condados de Los Ángeles y Ventura.
La orden judicial surge a raíz de una serie de incidentes recientes, incluyendo un trágico episodio donde un trabajador falleció durante una redada en una granja de cannabis en el sur de California. La jueza Frimpong criticó las prácticas de la administración Trump, enfatizando que cualquier arresto debe basarse en una sospecha razonable y no en la raza, el idioma o el lugar donde se encuentren las personas.
En un desarrollo adicional, la jueza también prohibió al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles. Esta decisión se origina de la demanda presentada por un grupo de personas afectadas, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, que alegan múltiples violaciones constitucionales en las redadas, incluidas las basadas en el color de piel o el idioma que hablan. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) ha declarado que la orden prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable, y asegura que dicho acceso a asistencia legal debe ser garantizado sin restricción alguna.
Los defensores de los derechos civiles han aclamado el fallo como una victoria histórica, argumentando que las redadas han sido discriminatorias y han resultado en violaciones de la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un fuerte rechazo social, con reportes de enfrentamientos entre agentes y ciudadanos, convirtiendo a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump. Sin embargo, el DHS y otros funcionarios del gobierno han denunciado la decisión de la jueza como una extralimitación de la autoridad judicial, alegando que sus procedimientos cumplen con la ley.
La orden judicial surge a raíz de una serie de incidentes recientes, incluyendo un trágico episodio donde un trabajador falleció durante una redada en una granja de cannabis en el sur de California. La jueza Frimpong criticó las prácticas de la administración Trump, enfatizando que cualquier arresto debe basarse en una sospecha razonable y no en la raza, el idioma o el lugar donde se encuentren las personas.
En un desarrollo adicional, la jueza también prohibió al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles. Esta decisión se origina de la demanda presentada por un grupo de personas afectadas, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, que alegan múltiples violaciones constitucionales en las redadas, incluidas las basadas en el color de piel o el idioma que hablan. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) ha declarado que la orden prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable, y asegura que dicho acceso a asistencia legal debe ser garantizado sin restricción alguna.
Los defensores de los derechos civiles han aclamado el fallo como una victoria histórica, argumentando que las redadas han sido discriminatorias y han resultado en violaciones de la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un fuerte rechazo social, con reportes de enfrentamientos entre agentes y ciudadanos, convirtiendo a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump. Sin embargo, el DHS y otros funcionarios del gobierno han denunciado la decisión de la jueza como una extralimitación de la autoridad judicial, alegando que sus procedimientos cumplen con la ley.