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Un juez niega la amnistía a los síndicos del 1-O y eleva la causa al TSJC, reavivando el debate legal tras años de conflicto.
La decisión del juez plantea interrogantes sobre el futuro judicial de los síndicos y las implicaciones políticas del caso, justo después del aval del Constitucional a la ley de amnistía.
Publicado: 12 de noviembre de 2025, 20:30
Un juez de Barcelona ha decidido que los cinco síndicos electorales del referéndum del 1-O no serán amnistiados y ha elevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta decisión se produce ocho años después del referéndum, el cual fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España. La magistrada justificó la decisión basándose en el aforamiento de los síndicos, complicando así la situación judicial al implicar a los mismos en nuevas consideraciones legales.
Los síndicos fueron absueltos anteriormente en 2021, pero la Fiscalía ha solicitado un nuevo juicio, argumentando errores en la valoración de las pruebas. A pesar de la solicitud de amnistía por parte de sus abogados, ahora corresponde al TSJC decidir la continuación del proceso. Esta situación se desarrolla en un entorno donde el debate sobre la amnistía se ha intensificado en la política catalana, especialmente tras la validación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional, complicando aún más el panorama judicial.
Días después de la decisión judicial, se programó un evento titulado "La Sindicatura Electoral del 1-O: Ocho años de represión", donde los síndicos y sus defensores buscan continuar visibilizando su lucha por sus derechos, a pesar de que la reciente ley de amnistía parece no tener efecto en su situación particular, generando cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial en este contexto.
Paralelamente, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha avalado la ley de amnistía, afirmando que no se opone a los intereses financieros de la UE ni a la legislación comunitaria sobre terrorismo. Esta opinión se considera clave para el futuro de la amnistía en los casos relacionados con malversación, incluyendo a figuras destacadas como Carles Puigdemont. Según Spielmann, la ley fue aprobada "en un contexto real de reconciliación política y social" y asegura que todas las normas de amnistía están sujetas al control judicial. Sin embargo, ha planteado dudas sobre el plazo de dos meses establecido para que los tribunales decidan sobre su aplicación, sugiriendo que podría vulnerar la independencia judicial. A pesar de estos reparos, su pronunciamiento alienta a quienes buscan beneficiarse de la ley, al establecer que la amnistía está en línea con los estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Los síndicos fueron absueltos anteriormente en 2021, pero la Fiscalía ha solicitado un nuevo juicio, argumentando errores en la valoración de las pruebas. A pesar de la solicitud de amnistía por parte de sus abogados, ahora corresponde al TSJC decidir la continuación del proceso. Esta situación se desarrolla en un entorno donde el debate sobre la amnistía se ha intensificado en la política catalana, especialmente tras la validación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional, complicando aún más el panorama judicial.
Días después de la decisión judicial, se programó un evento titulado "La Sindicatura Electoral del 1-O: Ocho años de represión", donde los síndicos y sus defensores buscan continuar visibilizando su lucha por sus derechos, a pesar de que la reciente ley de amnistía parece no tener efecto en su situación particular, generando cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial en este contexto.
Paralelamente, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha avalado la ley de amnistía, afirmando que no se opone a los intereses financieros de la UE ni a la legislación comunitaria sobre terrorismo. Esta opinión se considera clave para el futuro de la amnistía en los casos relacionados con malversación, incluyendo a figuras destacadas como Carles Puigdemont. Según Spielmann, la ley fue aprobada "en un contexto real de reconciliación política y social" y asegura que todas las normas de amnistía están sujetas al control judicial. Sin embargo, ha planteado dudas sobre el plazo de dos meses establecido para que los tribunales decidan sobre su aplicación, sugiriendo que podría vulnerar la independencia judicial. A pesar de estos reparos, su pronunciamiento alienta a quienes buscan beneficiarse de la ley, al establecer que la amnistía está en línea con los estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente.