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Un juez de inmigración de EE.UU. ordena la deportación del activista pro-palestino Mahmoud Khalil a Siria o Argelia por omisión de información
Khalil, reconocido por sus protestas en Columbia University, tiene 30 días para apelar la decisión judicial que podría poner en riesgo su estatus migratorio.
Publicado: 18 de septiembre de 2025, 12:23
En un contexto de crecientes tensiones en torno al activismo pro-palestino en Estados Unidos, un juez de inmigración, Jamee Comans, ha dictado la orden de deportación del activista Mahmoud Khalil, quien se enfrenta al riesgo de ser enviado a Siria o Argelia. Esta decisión se basa en la supuesta omisión de información relevante en la solicitud de residencia permanente de Khalil, quien fue líder del grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest.
Khalil organizó varias protestas en la universidad exigiendo un alto al fuego en Gaza y la retirada de inversiones relacionadas con Israel. Según sus abogados, la defensa de Khalil tiene un plazo de 30 días a partir del 12 de septiembre para apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sin embargo, también argumentan que las órdenes previas de un tribunal federal prohíben su deportación mientras se resuelve su caso en la corte federal, ya que un juez de Nueva Jersey dictó que no se debía proceder con su expulsión debido a una falta de audiencia sobre las pruebas.
El juez Comans ha declarado que Khalil “tergiversó deliberadamente hechos materiales con el único propósito de eludir el proceso de inmigración y reducir la probabilidad de que su solicitud fuera denegada”. A pesar de que Khalil ha sido liberado tras más de 100 días de detención a comienzos de este año, sus problemas legales persisten y su situación continúa siendo crítica, especialmente en el contexto del activismo pro-palestino, que ha sido blanco de una ofensiva por parte de la administración Trump.
Este caso ha generado un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes y la libertad de expresión, amplificándose las voces de la comunidad pro-palestina y grupos de derechos civiles que temen que su deportación afecte no solo a su familia, sino que también desincentive a otros activistas. Aunque una decisión de un tribunal de Nueva Jersey bloqueó temporalmente la deportación, la situación sigue representando un desafío significativo para Khalil. El activista busca apelar la decisión, mientras denuncia que las acciones del gobierno se enmarcan en un patrón de represión hacia quienes critican las políticas israelíes.
Khalil organizó varias protestas en la universidad exigiendo un alto al fuego en Gaza y la retirada de inversiones relacionadas con Israel. Según sus abogados, la defensa de Khalil tiene un plazo de 30 días a partir del 12 de septiembre para apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sin embargo, también argumentan que las órdenes previas de un tribunal federal prohíben su deportación mientras se resuelve su caso en la corte federal, ya que un juez de Nueva Jersey dictó que no se debía proceder con su expulsión debido a una falta de audiencia sobre las pruebas.
El juez Comans ha declarado que Khalil “tergiversó deliberadamente hechos materiales con el único propósito de eludir el proceso de inmigración y reducir la probabilidad de que su solicitud fuera denegada”. A pesar de que Khalil ha sido liberado tras más de 100 días de detención a comienzos de este año, sus problemas legales persisten y su situación continúa siendo crítica, especialmente en el contexto del activismo pro-palestino, que ha sido blanco de una ofensiva por parte de la administración Trump.
Este caso ha generado un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes y la libertad de expresión, amplificándose las voces de la comunidad pro-palestina y grupos de derechos civiles que temen que su deportación afecte no solo a su familia, sino que también desincentive a otros activistas. Aunque una decisión de un tribunal de Nueva Jersey bloqueó temporalmente la deportación, la situación sigue representando un desafío significativo para Khalil. El activista busca apelar la decisión, mientras denuncia que las acciones del gobierno se enmarcan en un patrón de represión hacia quienes critican las políticas israelíes.