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Un juez condena al Ayuntamiento de Vic por exigir un nivel B2 de catalán para un puesto de trabajo
La decisión judicial implica la reducción del requisito y genera una fuerte reacción por parte del alcalde y otros políticos catalanes.
Publicado: 16 de octubre de 2025, 12:17
El Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Vic por exigir un nivel B2 de catalán para un puesto de trabajo, considerándolo una barrera de acceso que discrimina a quienes no pueden certificar dicho nivel. La sentencia ordena reducir el requisito al nivel A2, argumentando que el puesto de operario de cementerio no requiere habilidades lingüísticas complejas.
La decisión ha provocado una fuerte reacción del alcalde Albert Castells, quien la califica de persecución de la lengua catalana, y ha defendido el uso del catalán en la ciudad. En contraposición, el abogado Ángel Escolano apoya la sentencia, destacando la importancia de requisitos lingüísticos razonables para evitar discriminación en los procesos de selección.
Recientemente, Castells ha expresado su “sorpresa” por el fallo judicial, argumentando que el Ayuntamiento tiene el derecho de exigir un nivel de lengua que asegure que los funcionarios puedan interactuar efectivamente con la ciudadanía. Además, ha señalado que la política lingüística del consistorio es vital para garantizar el uso del catalán en la administración local. Castells ha manifestado su preocupación por lo que percibe como un ataque a la lengua y ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia.
La controversia sobre el uso del catalán en la administración pública continúa, generando tensiones y reacciones de personajes políticos, reflejando las preocupaciones sobre el futuro del idioma en Cataluña. Tal como ha destacado el abogado de Convivencia Cívica Catalana, esta organización ha sido clave en varias denuncias relacionadas con requisitos lingüísticos en otros municipios, lo que ha exacerbado el debate sobre la legitimidad de los niveles exigidos para acceder a puestos públicos.
La decisión ha provocado una fuerte reacción del alcalde Albert Castells, quien la califica de persecución de la lengua catalana, y ha defendido el uso del catalán en la ciudad. En contraposición, el abogado Ángel Escolano apoya la sentencia, destacando la importancia de requisitos lingüísticos razonables para evitar discriminación en los procesos de selección.
Recientemente, Castells ha expresado su “sorpresa” por el fallo judicial, argumentando que el Ayuntamiento tiene el derecho de exigir un nivel de lengua que asegure que los funcionarios puedan interactuar efectivamente con la ciudadanía. Además, ha señalado que la política lingüística del consistorio es vital para garantizar el uso del catalán en la administración local. Castells ha manifestado su preocupación por lo que percibe como un ataque a la lengua y ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia.
La controversia sobre el uso del catalán en la administración pública continúa, generando tensiones y reacciones de personajes políticos, reflejando las preocupaciones sobre el futuro del idioma en Cataluña. Tal como ha destacado el abogado de Convivencia Cívica Catalana, esta organización ha sido clave en varias denuncias relacionadas con requisitos lingüísticos en otros municipios, lo que ha exacerbado el debate sobre la legitimidad de los niveles exigidos para acceder a puestos públicos.