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Un exdirector de la Generalitat niega presiones en el caso del vertedero de Tivissa durante el juicio a la familia Pujol
Durante el juicio, el exalto cargo afirma que no recibió imposiciones por parte de la familia Pujol para otorgar permisos ambientales.
Publicado: 1 de febrero de 2026, 03:10
En la Audiencia Nacional, el exdirector general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Alfons M. López Salgueiro, testificó que no recibió presiones por parte de la familia Pujol para la autorización del vertedero de residuos de Tivissa, otorgada en 2002. Esta afirmación es clave en el juicio que se desarrolla contra el expresidente Jordi Pujol, sus siete hijos y varios empresarios, acusados de corrupción y blanqueo de capitales.
El exalto cargo destacó su independencia profesional y señaló que las autorizaciones para los vertederos tienen un proceso riguroso que implica informes de calidad ambiental y consultas al público. Además, se cuestiona la legalidad de la concesión, dado que dos años después de la autorización, la empresa que gestionaba el vertedero fue vendida por más de 15 millones de euros. Otros testigos han descrito las complejidades del proceso de autorización, asegurando que las decisiones se fundamentaban en evidencia técnica y no en influencias externas.
La fiscalía persigue penas de prisión que oscilan entre 8 y 29 años para los Pujol, acusándolos de delitos como asociación ilícita y blanqueo de capitales. El testimonio de López Salgueiro se suma a las múltiples declaraciones en el juicio, que busca esclarecer las irregularidades en los negocios de la familia Pujol en un período oscuro de su historia.
El exalto cargo destacó su independencia profesional y señaló que las autorizaciones para los vertederos tienen un proceso riguroso que implica informes de calidad ambiental y consultas al público. Además, se cuestiona la legalidad de la concesión, dado que dos años después de la autorización, la empresa que gestionaba el vertedero fue vendida por más de 15 millones de euros. Otros testigos han descrito las complejidades del proceso de autorización, asegurando que las decisiones se fundamentaban en evidencia técnica y no en influencias externas.
La fiscalía persigue penas de prisión que oscilan entre 8 y 29 años para los Pujol, acusándolos de delitos como asociación ilícita y blanqueo de capitales. El testimonio de López Salgueiro se suma a las múltiples declaraciones en el juicio, que busca esclarecer las irregularidades en los negocios de la familia Pujol en un período oscuro de su historia.