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Un directivo de Google revela al juez la participación de la asesora de Begoña Gómez en reuniones de trabajo en la Complutense
La implicación de Cristina Álvarez en la controversia por la cátedra de Transformación Social Competitiva sigue siendo objeto de investigación judicial.
Publicado: 17 de noviembre de 2025, 07:41
En el marco de la investigación que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, un directivo de Google, Miguel Escassi, ha declarado ante el juez que la asesora Cristina Álvarez asistió a varias reuniones relacionadas con la cátedra que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Esta implicación ha levantado interrogantes sobre si la conducta de Álvarez puede ser considerada un delito de malversación de fondos públicos.
Escassi explicó que Álvarez era esencialmente una 'persona de apoyo' en el proyecto y que había mantenido citas con Gómez en Moncloa. Además, Google invirtió un total de 110.000 euros en el desarrollo de un software para la cátedra, lo que ha suscitado preguntas sobre el uso indebido de esos fondos. La investigación también incluye a otras figuras asociadas a la Presidencia del Gobierno, y se está analizando si Álvarez desempeñó tareas ajenas a su función oficial.
A medida que se analizan correos electrónicos y otros documentos, el caso sigue generando un intenso interés público y político en España. La magistratura se enfoca en determinar la responsabilidad de quienes permitieron que Álvarez realizara actividades personales que podrían comprometer su rol institucional.
Escassi explicó que Álvarez era esencialmente una 'persona de apoyo' en el proyecto y que había mantenido citas con Gómez en Moncloa. Además, Google invirtió un total de 110.000 euros en el desarrollo de un software para la cátedra, lo que ha suscitado preguntas sobre el uso indebido de esos fondos. La investigación también incluye a otras figuras asociadas a la Presidencia del Gobierno, y se está analizando si Álvarez desempeñó tareas ajenas a su función oficial.
A medida que se analizan correos electrónicos y otros documentos, el caso sigue generando un intenso interés público y político en España. La magistratura se enfoca en determinar la responsabilidad de quienes permitieron que Álvarez realizara actividades personales que podrían comprometer su rol institucional.