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Ucrania enfrenta críticas por una nueva ley que limita la independencia de las agencias anticorrupción, poniendo en peligro su camino hacia la UE.
El Parlamento aprueba una normativa respaldada por Zelenski que otorga más poder al fiscal general en detrimento de las instituciones antifraude.
Publicado: 22 de julio de 2025, 19:40
Este martes, el Parlamento de Ucrania aprobó una ley que ha suscitado un aluvión de críticas tanto dentro del país como en la comunidad internacional. La nueva legislación limita la autonomía de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), ambas instituciones clave en la lucha contra la corrupción en Ucrania.
La normativa, impulsada por el partido del presidente Volodímir Zelenski, otorga al fiscal general la autoridad para interferir en las investigaciones llevadas a cabo por estas agencias. Esta decisión ha sido interpretada como un ataque directo a la independencia de las instituciones anticorrupción. Además, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha comenzado a llevar a cabo operaciones contra empleados de NABU, lo que ha levantado preocupaciones sobre un intento de desmantelar la infraestructura anticorrupción existente.
La situación ha provocado reacciones no solo de la comunidad nacional, sino también de la Unión Europea y del G7, que advierten que estos acontecimientos podrían afectar negativamente el proceso de adhesión de Ucrania a la UE. Activistas y figuras públicas han comenzado a organizar protestas, señalando que este es un momento crítico para el futuro de la democracia en Ucrania.
La normativa, impulsada por el partido del presidente Volodímir Zelenski, otorga al fiscal general la autoridad para interferir en las investigaciones llevadas a cabo por estas agencias. Esta decisión ha sido interpretada como un ataque directo a la independencia de las instituciones anticorrupción. Además, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha comenzado a llevar a cabo operaciones contra empleados de NABU, lo que ha levantado preocupaciones sobre un intento de desmantelar la infraestructura anticorrupción existente.
La situación ha provocado reacciones no solo de la comunidad nacional, sino también de la Unión Europea y del G7, que advierten que estos acontecimientos podrían afectar negativamente el proceso de adhesión de Ucrania a la UE. Activistas y figuras públicas han comenzado a organizar protestas, señalando que este es un momento crítico para el futuro de la democracia en Ucrania.