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Trump impulsa una militarización del ICE con un presupuesto récord para convertirlo en su brazo policial nacional
La administración de Trump planea multiplicar el presupuesto del Servicio de Inmigración y Aduanas, intensificando la persecución a migrantes.
Publicado: 3 de enero de 2026, 06:54
La administración de Donald Trump ha iniciado un cambio drástico en su enfoque hacia la política migratoria, marcando una nueva era en la que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se convierte en su principal herramienta de control. A partir de enero de 2026, el presupuesto anual de ICE se multiplicará casi por cuatro, lo que permitirá una intensificación sin precedentes de las operaciones de detención de inmigrantes en Estados Unidos.
El incremento del presupuesto de ICE, que pasará de 10.000 millones a 75.000 millones de dólares, otorgará a la agencia un poder sin igual, convirtiéndola en una de las mayores fuerzas policiales a nivel mundial. Se espera que las grandes operaciones de arresto, que ya incluyen a ciudadanos estadounidenses debido a perfiles raciales, se amplifiquen, acrecentando el clima de miedo y ansiedad entre las poblaciones inmigrantes y racializadas.
A pesar de los altos costos y del enfoque militarizado, la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes criminales. Este enfoque de detención ha suscitado críticas tanto de organizaciones de derechos humanos como de gobernadores de estados, mientras la administración intenta movilizar recursos para mantener su política de deportación masiva y control social.
El incremento del presupuesto de ICE, que pasará de 10.000 millones a 75.000 millones de dólares, otorgará a la agencia un poder sin igual, convirtiéndola en una de las mayores fuerzas policiales a nivel mundial. Se espera que las grandes operaciones de arresto, que ya incluyen a ciudadanos estadounidenses debido a perfiles raciales, se amplifiquen, acrecentando el clima de miedo y ansiedad entre las poblaciones inmigrantes y racializadas.
A pesar de los altos costos y del enfoque militarizado, la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes criminales. Este enfoque de detención ha suscitado críticas tanto de organizaciones de derechos humanos como de gobernadores de estados, mientras la administración intenta movilizar recursos para mantener su política de deportación masiva y control social.