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Trump despliega la Guardia Nacional en Washington D.C. y controla la Policía local en respuesta a la crisis de seguridad
El presidente de EE. UU. justifica su decisión alegando un aumento del crimen, aunque las estadísticas oficiales contradicen su diagnóstico.
Publicado: 11 de agosto de 2025, 18:49
En una medida sorprendente, el presidente Donald Trump ha anunciado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la toma de control de la Policía Metropolitana local, justificando la acción como una respuesta urgente a lo que él califica de "crisis de seguridad pública". Este anuncio, hecho en una conferencia de prensa, ha generado controversia, pues la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, señala que las tasas de criminalidad han disminuido en los últimos años, contradiciendo la narrativa de Trump.
Trump ha descrito a Washington D.C. como "tomada por pandillas violentas" y ha anunciado el envío de hasta 800 efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, las estadísticas revelan que los crímenes violentos han disminuido un 26% respecto al año pasado, lo que pone en cuestión la urgencia de la medida. Críticos argumentan que esta medida es política y excesiva en un contexto donde las tasas de delincuencia han llegado a su nivel más bajo en tres décadas. Las protestas han estallado en respuesta al anuncio, reflejando la tensión social existente.
La militarización de la ciudad inicia un debate sobre la relación entre seguridad pública, control federal y derechos humanos, mientras Trump busca movilizar a su base en un año electoral. La intervención se ampara en la Sección 740 de la 'Home Rule Act', permitiéndole al presidente asumir temporalmente el control de la policía del Distrito de Columbia bajo ciertas condiciones. Los críticos cuestionan el uso de la crisis como plataforma política y la necesidad de un control federal dado el contexto actual.
Además, tras enviar la Guardia Nacional a Los Ángeles anteriormente, Trump continua orientando sus políticas hacia la militarización de ciudades donde gobiernan los demócratas, utilizando discursos que caracterizan a estas áreas como zonas de caos y descontrol. La medida ha suscitado una fuerte crítica, incluso desde el Congreso, donde los demócratas han calificado las acciones de Trump como un "abuso de poder". El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha argumentado que la criminalidad ha alcanzado mínimos históricos en los últimos años, y la intervención podría ser considerada legalmente cuestionable.
Trump ha descrito a Washington D.C. como "tomada por pandillas violentas" y ha anunciado el envío de hasta 800 efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, las estadísticas revelan que los crímenes violentos han disminuido un 26% respecto al año pasado, lo que pone en cuestión la urgencia de la medida. Críticos argumentan que esta medida es política y excesiva en un contexto donde las tasas de delincuencia han llegado a su nivel más bajo en tres décadas. Las protestas han estallado en respuesta al anuncio, reflejando la tensión social existente.
La militarización de la ciudad inicia un debate sobre la relación entre seguridad pública, control federal y derechos humanos, mientras Trump busca movilizar a su base en un año electoral. La intervención se ampara en la Sección 740 de la 'Home Rule Act', permitiéndole al presidente asumir temporalmente el control de la policía del Distrito de Columbia bajo ciertas condiciones. Los críticos cuestionan el uso de la crisis como plataforma política y la necesidad de un control federal dado el contexto actual.
Además, tras enviar la Guardia Nacional a Los Ángeles anteriormente, Trump continua orientando sus políticas hacia la militarización de ciudades donde gobiernan los demócratas, utilizando discursos que caracterizan a estas áreas como zonas de caos y descontrol. La medida ha suscitado una fuerte crítica, incluso desde el Congreso, donde los demócratas han calificado las acciones de Trump como un "abuso de poder". El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha argumentado que la criminalidad ha alcanzado mínimos históricos en los últimos años, y la intervención podría ser considerada legalmente cuestionable.