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Tribunal Supremo de EE.UU. permite arrestos migratorios en Los Ángeles, revocando restricciones previas y generando protestas sociales
La decisión del Supremo reanuda las redadas basadas en criterios como apariencia y lengua, generando fuertes reacciones de activistas y comunidades migrantes.
Publicado: 8 de septiembre de 2025, 19:01
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido un fallo que autoriza a los agentes de inmigración a realizar arrestos en Los Ángeles, permitiendo que se basen en la apariencia, idioma o tipo de trabajo de las personas. Esta decisión anula una orden judicial previa que prohibía estas prácticas, constituyendo una victoria para la administración Trump. El fallo se obtuvo con seis votos a favor y tres en contra, permitiendo a la ICE reanudar sus operativos en la ciudad, a pesar de las críticas que indican que estas redadas fomentan la discriminación racial.
Desde la administración Trump, se ha celebrado la decisión como un avance en la seguridad nacional, aunque estudios contradicen la afirmación de que hay una relación directa entre la inmigración irregular y el crimen. Activistas y comunidades migrantes han organizado protestas en Los Ángeles, indicando que el fallo representa una legalización de la discriminación racial, poniendo en riesgo a miles de personas con vínculos familiares en la ciudad.
Este caso derogó un fallo anterior de una jueza federal que prohibía la detención de personas solo por su raza, idioma o lugar de trabajo. A medida que el debate sobre la legalidad y la ética de las redadas migratorias continúa, se refleja una profunda división política en el país, polarizando la opinión pública y generando fuertes discusiones sobre los derechos de los inmigrantes.
Desde la administración Trump, se ha celebrado la decisión como un avance en la seguridad nacional, aunque estudios contradicen la afirmación de que hay una relación directa entre la inmigración irregular y el crimen. Activistas y comunidades migrantes han organizado protestas en Los Ángeles, indicando que el fallo representa una legalización de la discriminación racial, poniendo en riesgo a miles de personas con vínculos familiares en la ciudad.
Este caso derogó un fallo anterior de una jueza federal que prohibía la detención de personas solo por su raza, idioma o lugar de trabajo. A medida que el debate sobre la legalidad y la ética de las redadas migratorias continúa, se refleja una profunda división política en el país, polarizando la opinión pública y generando fuertes discusiones sobre los derechos de los inmigrantes.