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Tribunal federal declara ilegales la mayoría de los aranceles de Trump, pero los mantiene vigentes hasta octubre para una posible apelación
La decisión reafirma el control del Congreso sobre la imposición de aranceles en EE.UU. y plantea dudas sobre el futuro de la política comercial del gobierno.
Publicado: 30 de agosto de 2025, 06:31
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que la mayoría de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump son ilegales, argumentando que el presidente se extralimitó en su autoridad al invocarlos. Sin embargo, el tribunal ha decidido mantener los aranceles en vigor hasta mediados de octubre, dando así margen para una posible apelación ante la Corte Suprema.
La decisión, tomada por una mayoría de siete jueces frente a cuatro, confirma el fallo anterior emitido en mayo por un tribunal especializado en comercio, que ya había cuestionado la legalidad de estas medidas arancelarias. El tribunal encontró que el presidente Trump no tenía la autoridad legal según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Este fallo judicial representa un duro revés a las políticas comerciales del presidente, que confía en los aranceles como herramienta de negociación internacional y presión económica.
En su respuesta a la decisión del tribunal, Donald Trump, quien ya se había anticipado a esta medida, aseguró que "TODOS LOS ARANCELES ESTÁN AÚN EN VIGOR" y que la corte había dictado una decisión "altamente partidista". La Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, también ha anunciado que el Departamento de Justicia apelará esta decisión, argumentando que es errónea. Al mismo tiempo, la decisión ha generado preocupación entre los economistas y legisladores sobre la situación financiera de Estados Unidos, ya que la administración de Trump contaba con la recaudación de estos aranceles para cubrir déficits y financiar recortes de impuestos recientes.
En una nota relacionada, una jueza federal bloqueó también las deportaciones rápidas de migrantes, argumentando violaciones del debido proceso, lo que refleja la tendencia de los tribunales a cuestionar la expansión de la autoridad presidencial en áreas relacionadas con políticas migratorias y comerciales. La jueza Jia Cobb, de Washington D.C., criticó que el procedimiento de deportaciones rápidas pone en riesgo a inmigrantes que pueden tener derecho a quedarse en el país, y argumentó que la medida prioriza la rapidez por encima del proceso legal adecuado. Cobb concluyó que si la aplicación de esta medida no se limita, podría desembocar en deportaciones erróneas, poniendo en riesgo incluso a ciudadanos estadounidenses.
La polémica en torno a los aranceles de Trump se extiende a su política comercial global, donde el secretario de Comercio ha advertido que la eliminación de estos gravámenes podría causar "un daño irreparable" a la economía estadounidense. Además, la Casa Blanca ya ha comunicado que cuenta con la posibilidad de apelar al Tribunal Supremo para revertir esta situación, resaltando la intención de Trump de mantener su estrategia arancelaria como pilar de su gestión económica a pesar del rechazo judicial.
La decisión, tomada por una mayoría de siete jueces frente a cuatro, confirma el fallo anterior emitido en mayo por un tribunal especializado en comercio, que ya había cuestionado la legalidad de estas medidas arancelarias. El tribunal encontró que el presidente Trump no tenía la autoridad legal según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Este fallo judicial representa un duro revés a las políticas comerciales del presidente, que confía en los aranceles como herramienta de negociación internacional y presión económica.
En su respuesta a la decisión del tribunal, Donald Trump, quien ya se había anticipado a esta medida, aseguró que "TODOS LOS ARANCELES ESTÁN AÚN EN VIGOR" y que la corte había dictado una decisión "altamente partidista". La Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, también ha anunciado que el Departamento de Justicia apelará esta decisión, argumentando que es errónea. Al mismo tiempo, la decisión ha generado preocupación entre los economistas y legisladores sobre la situación financiera de Estados Unidos, ya que la administración de Trump contaba con la recaudación de estos aranceles para cubrir déficits y financiar recortes de impuestos recientes.
En una nota relacionada, una jueza federal bloqueó también las deportaciones rápidas de migrantes, argumentando violaciones del debido proceso, lo que refleja la tendencia de los tribunales a cuestionar la expansión de la autoridad presidencial en áreas relacionadas con políticas migratorias y comerciales. La jueza Jia Cobb, de Washington D.C., criticó que el procedimiento de deportaciones rápidas pone en riesgo a inmigrantes que pueden tener derecho a quedarse en el país, y argumentó que la medida prioriza la rapidez por encima del proceso legal adecuado. Cobb concluyó que si la aplicación de esta medida no se limita, podría desembocar en deportaciones erróneas, poniendo en riesgo incluso a ciudadanos estadounidenses.
La polémica en torno a los aranceles de Trump se extiende a su política comercial global, donde el secretario de Comercio ha advertido que la eliminación de estos gravámenes podría causar "un daño irreparable" a la economía estadounidense. Además, la Casa Blanca ya ha comunicado que cuenta con la posibilidad de apelar al Tribunal Supremo para revertir esta situación, resaltando la intención de Trump de mantener su estrategia arancelaria como pilar de su gestión económica a pesar del rechazo judicial.