Progresista 57.1%Conservador 42.9%
Tribunal Constitucional mantiene suspendida la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria tras división interna
La decisión del Pleno no ha sido unánime, y algunos magistrados del TC cuestionan su justificación, argumentando que no hay perjuicios demostrables.
Publicado: 11 de junio de 2025, 13:01
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener provisionalmente la suspensión de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, a pesar del intento de derogación impulsado por el Partido Popular (PP) y Vox. Esta decisión se tomó como medida cautelar y tiene un impacto significativo en el contexto de la memoria histórica y los derechos humanos en España. La importancia de esta suspensión radica en su protección del estatus legal de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, esta decisión no fue unánime. Los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel expresaron su desacuerdo en un voto particular, argumentando que el mantenimiento de la suspensión no está “en absoluto justificado”. Criticaron la mayoría progresista del TC y sostuvieron que no se han presentado daños específicos que justifiquen la medida cautelar. Este desacuerdo sugiere una tensión entre las visiones del derecho y la memoria histórica en el contexto político actual.
A medida que avanza el proceso, la ley de derogación continuará sin efecto, lo que ha llevado a críticos a calificar la situación como un "escándalo" e incluso una "censura política". La batalla entre la necesidad de establecer una política de memoria y los intentos de reescribirla por parte de ciertos sectores políticos constituye un panorama relevante en la actual discusión sobre derechos humanos en España. En este contexto, el TC ha estado trabajando en la Ley de Amnistía, donde también se ha generado controversia por la decisión de no suspender su debate a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación añade otra capa de complejidad al actual panorama judicial en España, donde se cuestionan las decisiones del TC y su alineación política. Varios magistrados han expresado su desacuerdo con esta dirección, sugiriendo que la integridad del proceso de justicia se ve comprometida.
Sin embargo, esta decisión no fue unánime. Los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel expresaron su desacuerdo en un voto particular, argumentando que el mantenimiento de la suspensión no está “en absoluto justificado”. Criticaron la mayoría progresista del TC y sostuvieron que no se han presentado daños específicos que justifiquen la medida cautelar. Este desacuerdo sugiere una tensión entre las visiones del derecho y la memoria histórica en el contexto político actual.
A medida que avanza el proceso, la ley de derogación continuará sin efecto, lo que ha llevado a críticos a calificar la situación como un "escándalo" e incluso una "censura política". La batalla entre la necesidad de establecer una política de memoria y los intentos de reescribirla por parte de ciertos sectores políticos constituye un panorama relevante en la actual discusión sobre derechos humanos en España. En este contexto, el TC ha estado trabajando en la Ley de Amnistía, donde también se ha generado controversia por la decisión de no suspender su debate a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación añade otra capa de complejidad al actual panorama judicial en España, donde se cuestionan las decisiones del TC y su alineación política. Varios magistrados han expresado su desacuerdo con esta dirección, sugiriendo que la integridad del proceso de justicia se ve comprometida.