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Tres hombres aceptan 22 meses de cárcel por agredir a dos parejas gais
La Audiencia de Barcelona suspende la prisión con condiciones y fija una indemnización de 51.015,58 euros por el ataque de 2021 en el Somorrostro.
Publicado: 16 de noviembre de 2026, 16:26
Tres hombres han aceptado este lunes una condena de un año y diez meses de prisión cada uno por insultar y agredir a dos parejas homosexuales en la playa del Somorrostro, en la Barceloneta, el 29 de mayo de 2021. El acuerdo alcanzado entre las acusaciones y las defensas ante la sección quinta de la Audiencia de Barcelona incluye una indemnización conjunta de 51.015,58 euros.
La pena queda suspendida con la condición de que los condenados no delincan durante tres años, paguen las indemnizaciones en ese plazo y realicen un curso sobre diversidad sexual y de género y no discriminación. Cada uno ha aceptado 16 meses de prisión por cuatro delitos de lesiones y seis meses por un delito de odio.
La sentencia incluye además tres años y medio de inhabilitación para trabajar en los ámbitos educativo, deportivo y de tiempo libre, así como la prohibición de comunicarse con las víctimas o acercarse a ellas a menos de 1.000 metros. Al tratarse de una conformidad, la sentencia es firme.
Los acusados, que hasta el acuerdo negaban los hechos, admitieron la agresión a cambio de una rebaja de la pena. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Barcelona, personado como acusación popular, habían solicitado inicialmente penas superiores, mientras que la acusación particular, representada por el Observatori contra la LGTBIfobia, pedía diez años y medio de prisión.
Para alcanzar el acuerdo, los condenados han depositado ya 7.000 euros. Deberán indemnizar a las cuatro víctimas y al Ayuntamiento, que pagó la nueva dentadura de uno de los agredidos. El presidente del tribunal les recordó que las indemnizaciones son solidarias: si uno no paga, los demás deberán asumir los pagos. También han sido condenados a pagar las costas del procedimiento.
Las dos parejas estaban sentadas en la playa junto a una pareja heterosexual, a la que los agresores no atacaron. Según los hechos admitidos, los condenados, que no conocían a las víctimas, actuaron por rechazo a su orientación sexual. Primero les escupieron e insultaron y después les propinaron puñetazos, patadas y golpes en la cara y el cuerpo, hasta que otras personas que estaban en la playa acudieron a auxiliarlas.
Una de las víctimas perdió dientes y sufrió una fractura de mandíbula tras recibir una patada en la cara y quedar inconsciente. Fue operada de urgencia y sus heridas tardaron 231 días en curarse. Las otras tres personas sufrieron contusiones, entre ellas fisuras en tres costillas en el caso de una de ellas. Los cuatro presentaron cuadros de estrés postraumático.
En la agresión también participó un menor, derivado a la justicia juvenil y absuelto. Dos de los tres hombres ahora condenados pasaron 15 días en prisión preventiva por estos hechos.
El abogado del Observatori contra la LGTBIfobia, Ton Mansilla, valoró que el acuerdo permita hacer justicia sin esperar a un juicio y a posibles recursos que prolongarían un procedimiento abierto hace cinco años. También destacó la importancia de que los acusados hayan admitido los hechos y señaló que los tres son de nacionalidad española.
Por su parte, el coordinador técnico de la entidad, Cristian Carrer, recordó el apoyo jurídico y psicosocial prestado a los afectados y consideró que el final del proceso permite comenzar a reparar su dignidad.
La pena queda suspendida con la condición de que los condenados no delincan durante tres años, paguen las indemnizaciones en ese plazo y realicen un curso sobre diversidad sexual y de género y no discriminación. Cada uno ha aceptado 16 meses de prisión por cuatro delitos de lesiones y seis meses por un delito de odio.
La sentencia incluye además tres años y medio de inhabilitación para trabajar en los ámbitos educativo, deportivo y de tiempo libre, así como la prohibición de comunicarse con las víctimas o acercarse a ellas a menos de 1.000 metros. Al tratarse de una conformidad, la sentencia es firme.
Los acusados, que hasta el acuerdo negaban los hechos, admitieron la agresión a cambio de una rebaja de la pena. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Barcelona, personado como acusación popular, habían solicitado inicialmente penas superiores, mientras que la acusación particular, representada por el Observatori contra la LGTBIfobia, pedía diez años y medio de prisión.
Para alcanzar el acuerdo, los condenados han depositado ya 7.000 euros. Deberán indemnizar a las cuatro víctimas y al Ayuntamiento, que pagó la nueva dentadura de uno de los agredidos. El presidente del tribunal les recordó que las indemnizaciones son solidarias: si uno no paga, los demás deberán asumir los pagos. También han sido condenados a pagar las costas del procedimiento.
Las dos parejas estaban sentadas en la playa junto a una pareja heterosexual, a la que los agresores no atacaron. Según los hechos admitidos, los condenados, que no conocían a las víctimas, actuaron por rechazo a su orientación sexual. Primero les escupieron e insultaron y después les propinaron puñetazos, patadas y golpes en la cara y el cuerpo, hasta que otras personas que estaban en la playa acudieron a auxiliarlas.
Una de las víctimas perdió dientes y sufrió una fractura de mandíbula tras recibir una patada en la cara y quedar inconsciente. Fue operada de urgencia y sus heridas tardaron 231 días en curarse. Las otras tres personas sufrieron contusiones, entre ellas fisuras en tres costillas en el caso de una de ellas. Los cuatro presentaron cuadros de estrés postraumático.
En la agresión también participó un menor, derivado a la justicia juvenil y absuelto. Dos de los tres hombres ahora condenados pasaron 15 días en prisión preventiva por estos hechos.
El abogado del Observatori contra la LGTBIfobia, Ton Mansilla, valoró que el acuerdo permita hacer justicia sin esperar a un juicio y a posibles recursos que prolongarían un procedimiento abierto hace cinco años. También destacó la importancia de que los acusados hayan admitido los hechos y señaló que los tres son de nacionalidad española.
Por su parte, el coordinador técnico de la entidad, Cristian Carrer, recordó el apoyo jurídico y psicosocial prestado a los afectados y consideró que el final del proceso permite comenzar a reparar su dignidad.