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Técnicos de Hacienda exigen 25 medidas para reformar la contratación pública y frenar la corrupción en España
Las propuestas incluyen cambios en la financiación de partidos políticos y un mayor control patrimonial de los representantes públicos.
Publicado: 24 de junio de 2025, 19:44
Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, han presentado un ambicioso plan que aboga por la implementación de 25 medidas destinadas a minimizar el fraude y la corrupción en la contratación pública en España. Estas medidas surgen en un contexto donde las denuncias por irregularidades han aumentado en un 18%, lo que refleja un crecimiento en las prácticas ilícitas dentro de la administración pública.
Entre las acciones propuestas, destaca la necesidad de modificar la normativa relacionada con la financiación de los partidos políticos y las obligaciones de transparencia patrimonial de los representantes gubernamentales. También se plantean la creación de agencias antifraude en comunidades autónomas y un sistema nacional de alertas rápidas para detectar irregularidades. Estas reformas son vitales para acabar con los 'pelotazos' y garantizar una mayor claridad en el uso de los recursos públicos.
La implementación de estas recomendaciones promete generar un marco más robusto para combatir la corrupción en distintos niveles de la administración pública española. Aunque los retos son significativos, estos cambios podrían transformar el paisaje de la contratación pública y restablecer la confianza en las instituciones.
Entre las acciones propuestas, destaca la necesidad de modificar la normativa relacionada con la financiación de los partidos políticos y las obligaciones de transparencia patrimonial de los representantes gubernamentales. También se plantean la creación de agencias antifraude en comunidades autónomas y un sistema nacional de alertas rápidas para detectar irregularidades. Estas reformas son vitales para acabar con los 'pelotazos' y garantizar una mayor claridad en el uso de los recursos públicos.
La implementación de estas recomendaciones promete generar un marco más robusto para combatir la corrupción en distintos niveles de la administración pública española. Aunque los retos son significativos, estos cambios podrían transformar el paisaje de la contratación pública y restablecer la confianza en las instituciones.