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Suspensión de un agente de la Guardia Urbana por negarse a usar el catalán
El policía recibió 24 días de sanción por tratar de fascista a una ciudadana.
Publicado: 5 de noviembre de 2026, 15:50
El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto una sanción de 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana tras una denuncia de Plataforma per la Llengua, que alegó un caso de discriminación lingüística. El incidente ocurrió el 13 de julio de 2025 en la Rambla Prim, cuando un grupo de policías solicitó la documentación a una mujer que deseaba acceder a una zona restringida. Durante la identificación, ella pidió ser atendida en catalán, a lo que el agente se negó reiteradamente, argumentando que tenía "derechos lingüísticos" que le permitían no hablar en esa lengua. Además, calificó la solicitud de la mujer como "muy de fascistas" y "totalitaria".
El caso fue documentado en un vídeo que fue compartido por Plataforma per la Llengua y se convirtió en una pieza clave para que el consistorio iniciara un expediente disciplinario. La denuncia afirmaba que el comportamiento del agente vulneró el derecho de la ciudadana a ser atendida en catalán, un derecho reconocido por el artículo 33 del Estatut d'Autonomia y por la normativa municipal del uso de la lengua catalana, que exige a los trabajadores del Ayuntamiento dirigirse inicialmente en catalán a los ciudadanos que lo soliciten.
El consistorio ha manifestado que la suspensión del agente no solo se debió a su negativa a utilizar la lengua catalana, sino también a las actitudes y comentarios considerados inapropiados durante la intervención. Fuentes municipales han señalado que la Unidad de Deontología y Asuntos Internos realizó una investigación que concluyó con la sanción, destacando que las actitudes del agente eran incompatibles con los estándares de respeto y profesionalidad esperados de los miembros del cuerpo.
Además de la suspensión del agente, la mujer involucrada en el incidente recibió una multa por "increpar y menospreciar a los agentes", un hecho que Plataforma per la Llengua ha refutado, argumentando que simplemente estaba ejerciendo su derecho a ser atendida en catalán. Tras la desestimación de las alegaciones contra la multa por parte del Ayuntamiento, el caso ha llegado a la vía contenciosa administrativa, donde la organización confía que la reciente resolución contra el policía sirva para anular la sanción impuesta a la ciudadana.
Desde el inicio de 2026, el Ayuntamiento ha recibido 52 quejas lingüísticas referentes a los cuerpos de seguridad, destacando que el mayor número ha sido presentado contra la Policía Nacional. Desde 2021, Plataforma per la Llengua ha registrado un total de 33 quejas relacionadas con la Guardia Urbana. La entidad ha subrayado que este caso es un ejemplo de la necesidad de documentar denuncias de discriminación lingüística, ya que muchas acaban siendo archivadas. El trabajo de denuncia, según su presidente, es fundamental para reconocer y abordar las vulneraciones de derechos lingüísticos en el ámbito policial.
El caso fue documentado en un vídeo que fue compartido por Plataforma per la Llengua y se convirtió en una pieza clave para que el consistorio iniciara un expediente disciplinario. La denuncia afirmaba que el comportamiento del agente vulneró el derecho de la ciudadana a ser atendida en catalán, un derecho reconocido por el artículo 33 del Estatut d'Autonomia y por la normativa municipal del uso de la lengua catalana, que exige a los trabajadores del Ayuntamiento dirigirse inicialmente en catalán a los ciudadanos que lo soliciten.
El consistorio ha manifestado que la suspensión del agente no solo se debió a su negativa a utilizar la lengua catalana, sino también a las actitudes y comentarios considerados inapropiados durante la intervención. Fuentes municipales han señalado que la Unidad de Deontología y Asuntos Internos realizó una investigación que concluyó con la sanción, destacando que las actitudes del agente eran incompatibles con los estándares de respeto y profesionalidad esperados de los miembros del cuerpo.
Además de la suspensión del agente, la mujer involucrada en el incidente recibió una multa por "increpar y menospreciar a los agentes", un hecho que Plataforma per la Llengua ha refutado, argumentando que simplemente estaba ejerciendo su derecho a ser atendida en catalán. Tras la desestimación de las alegaciones contra la multa por parte del Ayuntamiento, el caso ha llegado a la vía contenciosa administrativa, donde la organización confía que la reciente resolución contra el policía sirva para anular la sanción impuesta a la ciudadana.
Desde el inicio de 2026, el Ayuntamiento ha recibido 52 quejas lingüísticas referentes a los cuerpos de seguridad, destacando que el mayor número ha sido presentado contra la Policía Nacional. Desde 2021, Plataforma per la Llengua ha registrado un total de 33 quejas relacionadas con la Guardia Urbana. La entidad ha subrayado que este caso es un ejemplo de la necesidad de documentar denuncias de discriminación lingüística, ya que muchas acaban siendo archivadas. El trabajo de denuncia, según su presidente, es fundamental para reconocer y abordar las vulneraciones de derechos lingüísticos en el ámbito policial.