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Sumar propone inspecciones a buques para frenar el genocidio en contextos de comercio de armas
La nueva ley busca reforzar el reciente embargo de armas a Israel y establecer un protocolo de revisión en puertos españoles
Publicado: 26 de septiembre de 2025, 20:12
El grupo político Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso que procura otorgar al Gobierno la facultad de inspeccionar buques con origen o destino en países bajo sospecha de genocidio o crímenes de guerra. Esta iniciativa se concibe como un complemento al decreto de embargo de armas a Israel aprobado recientemente por el Gobierno, y responde a la creciente preocupación por la política exterior y los derechos humanos en el contexto del conflicto de Gaza.
La propuesta, expuesta por el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, busca no solo reforzar el embargo en vigor, sino también marcar una posición diferenciada ante el temor de que algunas cláusulas del decreto permitan excepciones que lo desvirtúen. Según Santiago, la nueva legislación desarrollaría procedimientos claros para la inspección y retención de buques que transporten carga con destino a Estados acusados de violaciones graves de derechos humanos.
La legislación, en caso de ser aprobada, modificaría la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, estableciendo un protocolo que faculte a los cuerpos de inspección del Ministerio de Transportes a revisar embarcaciones que susciten sospechas. Esto incluiría aquellos buques que sean objeto de investigaciones en la Corte Penal Internacional o en tribunales nacionales.
La propuesta, expuesta por el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, busca no solo reforzar el embargo en vigor, sino también marcar una posición diferenciada ante el temor de que algunas cláusulas del decreto permitan excepciones que lo desvirtúen. Según Santiago, la nueva legislación desarrollaría procedimientos claros para la inspección y retención de buques que transporten carga con destino a Estados acusados de violaciones graves de derechos humanos.
La legislación, en caso de ser aprobada, modificaría la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, estableciendo un protocolo que faculte a los cuerpos de inspección del Ministerio de Transportes a revisar embarcaciones que susciten sospechas. Esto incluiría aquellos buques que sean objeto de investigaciones en la Corte Penal Internacional o en tribunales nacionales.