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Sumar exige al PSOE prorrogar urgentemente contratos de alquiler que afectan a 1,6 millones de personas en España.
El ministro Pablo Bustinduy subraya la necesidad de actuar antes del vencimiento de 630,000 contratos en 2026.
Publicado: 5 de diciembre de 2025, 11:37
La situación de los alquileres en España está generando una creciente preocupación entre los inquilinos, ya que más de 630,000 contratos se prevé que vencerán en 2026, afectando a aproximadamente 1,6 millones de personas. Pablo Bustinduy, el Ministro de Derechos Sociales, ha hecho un llamado al PSOE para que apruebe la prórroga automática de estos contratos, argumentando que la medida puede implementarse de inmediato para evitar aumentos drásticos en las rentas.
Con los precios de los alquileres incrementándose entre el 30% y el 50%, lo que representaría un coste medio adicional considerable para las familias, Bustinduy enfatiza la urgencia de esta medida. Asegura que la propuesta de Sumar incluye un borrador de decreto ley para la prórroga automática, y destaca que la falta de intervención del gobierno es incomprensible ante el impacto en tantas familias.
La presión para actuar se intensifica considerando que si se incluyen los contratos que caducan en 2027, el número total de personas afectadas podría ascender a 2.7 millones. Sumar defiende la necesidad de priorizar la protección de las familias trabajadoras frente a los intereses de los dueños de propiedades, instando a sus socios de gobierno a adoptar medidas inmediatas para salvaguardar a quienes enfrentan el riesgo de ser desplazados debido a la imposibilidad de afrontar los nuevos precios de alquiler.
Con los precios de los alquileres incrementándose entre el 30% y el 50%, lo que representaría un coste medio adicional considerable para las familias, Bustinduy enfatiza la urgencia de esta medida. Asegura que la propuesta de Sumar incluye un borrador de decreto ley para la prórroga automática, y destaca que la falta de intervención del gobierno es incomprensible ante el impacto en tantas familias.
La presión para actuar se intensifica considerando que si se incluyen los contratos que caducan en 2027, el número total de personas afectadas podría ascender a 2.7 millones. Sumar defiende la necesidad de priorizar la protección de las familias trabajadoras frente a los intereses de los dueños de propiedades, instando a sus socios de gobierno a adoptar medidas inmediatas para salvaguardar a quienes enfrentan el riesgo de ser desplazados debido a la imposibilidad de afrontar los nuevos precios de alquiler.