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Singapur endurece su legislación con penas de hasta 20 años de cárcel y 15 latigazos para proveedores de vapeadores

Las nuevas políticas buscan frenar el consumo de vapeadores con etomidato, considerados una vía hacia el abuso de sustancias.

Publicado: 28 de agosto de 2025, 12:24

El Gobierno de Singapur ha anunciado un drástico endurecimiento de las sanciones contra la venta y uso de vapeadores que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Este cambio legislativo incluye penas de hasta 20 años de prisión y 15 latigazos para los importadores y proveedores de vapeadores que contengan etomidato, en respuesta a la creciente preocupación sobre el uso de estas sustancias, especialmente entre los jóvenes.

El ministro de Salud, Ong Ye Kung, ha afirmado que los vapeadores son una 'puerta de entrada para el abuso de sustancias más duras'. En esta línea, se destaca que el primer ministro Lawrence Wong ya había adelantado la intención de reformar las medidas contra la venta y uso de vapeadores, prohibidos desde 2018, señalando específicamente el peligro del etomidato. Las nuevas sanciones representan un notable incremento respecto a las anteriores, que contemplaban hasta dos años de prisión sin castigos corporales. Asimismo, para los consumidores, que en su mayoría son jóvenes menores de 30 años, se implementarán programas de rehabilitación junto a multas que oscilan entre 388 y 544 dólares estadounidenses.

Estas estrictas normas refuerzan las restricciones existentes desde 2018 y destacan el compromiso del Gobierno de Singapur para abordar el problema del abuso de sustancias y proteger la salud pública, estableciendo un ejemplo para otros países que enfrentan desafíos similares. En particular, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha alertado sobre la expansión del etomidato en Europa del Este y el Sudeste de Asia y su uso recreativo que ha llevado a un aumento en el abuso de sustancias.

Para fomentar la reducción en el uso de vapeadores, el ministro Ong Ye Kung indicó que se colocarán contenedores por todo el país para que los usuarios puedan depositar los dispositivos de manera voluntaria como parte de una estrategia para evitar sanciones más severas. Estas medidas incluyen la posibilidad de endurecer los castigos para quienes reincidan, llegando a contemplar penas de prisión de hasta dos años.

Con estas acciones, Singapur se posiciona a la vanguardia en la lucha contra el consumo de vapeadores, tomando medidas que podrían influir en políticas similares en otros países, como el Reino Unido, que desde junio prohíbe la venta y suministro de vapeadores desechables.