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Seis sindicalistas de CNT ingresan en prisión por defender derechos laborales, generando protestas y pedidos de indulto.

El ingreso en prisión se produce tras años de judicialización de un caso que ha dividido a la sociedad asturiana.

Publicado: 10 de julio de 2025, 12:18

Este jueves, las seis sindicalistas conocidas como 'las seis de la Suiza' han ingresado voluntariamente en la prisión de Villabona, Asturias, para cumplir una condena de tres años y medio de cárcel por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia. La condena se origina a raíz de un conflicto laboral que comenzó en 2016, cuando una trabajadora de la Pastelería La Suiza denunció acoso y malas condiciones laborales, lo que llevó a sus colegas a organizar protestas en apoyo a sus demandas.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón dictó el auto de ingreso en prisión este miércoles, desestimando la solicitud de suspensión de la pena que había apoyado la Fiscalía. Las condenadas son cinco mujeres y un hombre que, en 2017, organizaron varios piquetes y concentraciones en defensa de una extrabajadora embarazada. Se presentaron en el centro de forma voluntaria acompañadas de sus abogados, y el ingreso se produjo en medio de una fuerte movilización social que reclama su indulto. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha comprometido a impulsar esta solicitud, expresando que el sindicalismo no debe considerarse un delito.

Durante años, el caso ha generado un intenso debate sobre la criminalización de la protesta social y los derechos laborales en España. Los afectados han recibido el respaldo de diversas organizaciones políticas, como PSOE, IU, y Podemos, quienes consideran que esta situación es injusta y una amenaza a la libertad sindical. Además, varias agrupaciones, incluyendo CCOO y UGT, han organizado recientes protestas exigiendo el indulto y han convocado nuevas concentraciones ante la creciente preocupación por los derechos laborales en el país.

El Tribunal Supremo ratificó, el año pasado, las penas de prisión por obstrucción a la justicia y coacciones, junto a una indemnización al propietario de la pastelería de 150.000 euros, asegurando que las acciones de las sindicalistas constituyeron un hostigamiento prolongado. Asimismo, el Gobierno de Asturias también ha expresado oficialmente su apoyo a la petición de indulto, destacando que las expresadas razones son de carácter "humanitario y personal". Familias y compañeros del sindicato Asturianu LCT sostienen que no son delincuentes y tienen derecho a defender sus laborales, argumentando que se les ha encarcelado por ejercer derechos sindicales.