Progresista 49.6%Conservador 50.4%
Se cierra un centro de acogida para menores migrantes en Gran Canaria y aumenta la preocupación por la situación de la infancia en el archipiélago
La justicia desmantela un centro gestionado por Quórum Social 77, donde se investigan graves irregularidades y se exige al Gobierno la reubicación de miles de menores.
Publicado: 24 de julio de 2025, 19:46
El juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia ha ordenado el cierre de un centro de acogida en Arinaga, Gran Canaria, que albergaba a 148 menores migrantes, debido a presuntos malos tratos y otros delitos graves. Esta medida formó parte de una investigación más amplia que afecta a la asociación Quórum Social 77, enfrentando además cierres anteriores por denuncias similares. En la operación, se descubrieron testimonios de maltrato y comportamientos racistas, lo que cuestiona la capacidad de la asociación para cuidar de los menores a su cargo.
La preocupación por el aumento de menores bajo tutelaje en Canarias se ha intensificado recientemente, especialmente tras la detención de la presidenta de Quórum Social 77 y el director de centros en una nueva fase de investigación que ha sacado a la luz graves deficiencias en el sistema de acogida. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado los retos en el monitoreo de los menores y la insuficiencia de los controles establecidos. La justicia ha dispuesto también medidas cautelares adicionales y una revisión exhaustiva de la gestión de los centros afectados. Además, se aprobó un decreto que establecerá un protocolo para la reubicación de menores en otras comunidades, comenzando por Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, en un esfuerzo por aliviar la saturación de los centros en Canarias.
La situación compleja de los menores migrantes plantea un importante desafío para asegurar su protección y bienestar. La reciente intervención judicial apunta a un posible descontrol en la atención a estos menores, con más de 5.700 niños y adolescentes en espera de reubicación tras la reforma de la ley de extranjería. Los testimonios recopilados han llevado a considerar que se han producido delitos de lesiones y amenazas. El juez especializado en violencia contra la infancia dirige las investigaciones, lo que ha llevado a una mayor atención pública y mediática al sistema de acogida en el archipiélago. La violencia y los posibles abusos denunciados en los centros han encendido las alarmas sobre el futuro de miles de menores en el sistema de protección, lo que hace urgente una revisión profunda de las políticas actuales y la gestión de las ONG implicadas.
La preocupación por el aumento de menores bajo tutelaje en Canarias se ha intensificado recientemente, especialmente tras la detención de la presidenta de Quórum Social 77 y el director de centros en una nueva fase de investigación que ha sacado a la luz graves deficiencias en el sistema de acogida. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado los retos en el monitoreo de los menores y la insuficiencia de los controles establecidos. La justicia ha dispuesto también medidas cautelares adicionales y una revisión exhaustiva de la gestión de los centros afectados. Además, se aprobó un decreto que establecerá un protocolo para la reubicación de menores en otras comunidades, comenzando por Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, en un esfuerzo por aliviar la saturación de los centros en Canarias.
La situación compleja de los menores migrantes plantea un importante desafío para asegurar su protección y bienestar. La reciente intervención judicial apunta a un posible descontrol en la atención a estos menores, con más de 5.700 niños y adolescentes en espera de reubicación tras la reforma de la ley de extranjería. Los testimonios recopilados han llevado a considerar que se han producido delitos de lesiones y amenazas. El juez especializado en violencia contra la infancia dirige las investigaciones, lo que ha llevado a una mayor atención pública y mediática al sistema de acogida en el archipiélago. La violencia y los posibles abusos denunciados en los centros han encendido las alarmas sobre el futuro de miles de menores en el sistema de protección, lo que hace urgente una revisión profunda de las políticas actuales y la gestión de las ONG implicadas.